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Más de 1.100 funcionarios dejaron el Gobierno tras escándalo por uso irregular de licencias médicas

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POR María Alejandra Gallardo Contreras |

Más de mil funcionarios públicos han sido desvinculados tras detectarse viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica. Hacienda informó que hay otros 6.592 sumarios activos en 131 servicios del Gobierno central.

Un total de 1.102 funcionarios del Gobierno central han dejado sus cargos tras el escándalo por el uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero, según informó este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero no detalló cuántos fueron por renuncias o despidos.

La cifra corresponde exclusivamente a trabajadores del nivel central y no incluye municipalidades.

El secretario de Estado detalló que actualmente hay 6.592 funcionarios sumariados en 131 instituciones públicas, incluyendo todos los ministerios.

Los procesos fueron activados luego de que la Contraloría General detectara más de 35.000 viajes al extranjero de trabajadores del Estado que se encontraban con licencia médica, en una práctica que habría involucrado a unos 25.000 funcionarios.

Hacienda detalla que hay más de 6.500 sumarios en curso en el Gobierno central

Marcel explicó que la diferencia con los casi 8.000 funcionarios señalados por Contraloría se debe a que algunos ya habían sido desvinculados o estaban siendo investigados por otras causales.

Del total de involucrados, aproximadamente el 10% ingresó al Estado a partir de 2022.

El ministro recalcó que los sumarios en curso son trámites administrativos simples, centrados en tres preguntas: la causa de la licencia, el viaje realizado y su motivo.

Cerrar los sumarios en el plazo de un mes

Las posibles sanciones incluyen la devolución de fondos, suspensión con rebaja de sueldo, destitución, o en ciertos casos, sobreseimiento.

Por su parte, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, indicó que el objetivo es cerrar todos los sumarios en el plazo de un mes y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para coordinar la recuperación de recursos públicos.