Funcionarios que viajaron con licencias médicas: sumarios podrían extenderse por años pese al límite legal de seis meses

Los tiempos y formas que contemplan los sumarios impiden acortar la duración, pues caerían en vicios de forma. Además, según la propia norma, no se puede fijar un criterio único ni realizar sumarios colectivos.

Los 25 mil funcionarios que habrían utilizado licencias médicas para viajar al extranjero tienen en alerta a los distintos servicios públicos. Según lo instruido por el Ministerio de Hacienda, deberán iniciar sumarios administrativos contra quienes hayan incurrido en esta ilegalidad.

Sin embargo, tal como lo establece la ley, los sumarios administrativos deben resguardar ciertos principios fundamentales, lo que obliga a seguir procedimientos formales y respetar plazos establecidos en la Ley 18.834.

Estos procedimientos, contemplados en el Estatuto Administrativo, se utilizan para investigar hechos que eventualmente puedan constituir faltas graves.

En su desarrollo deben garantizar la confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad y, desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, incorporar también la perspectiva de género.

Las cinco etapas de un sumario administrativo

El procedimiento contempla cinco etapas formales:

Etapa de iniciación o instrucción: El sumario se inicia cuando una investigación previa detecta hechos de mayor gravedad, o bien cuando la autoridad competente determina que la naturaleza de los hechos justifica abrir directamente el sumario.

El jefe del servicio correspondiente debe designar un fiscal a cargo de la investigación, con un grado jerárquico superior al del funcionario investigado. El fiscal cuenta con dos días hábiles para recusarse, en caso de considerar que exista alguna causa que comprometa su imparcialidad.

Etapa de investigación: Tiene un plazo inicial de 20 días hábiles, prorrogables por hasta 60 días si las circunstancias lo ameritan. Al finalizar esta etapa, el fiscal puede sobreseer el caso o formular cargos si estima que existen pruebas suficientes.

Etapa acusatoria: En esta fase se notifican los cargos y el sumario deja de ser secreto para el funcionario implicado y su abogado. Ambos disponen de cinco días hábiles para responder, plazo que puede extenderse por otros cinco días adicionales.

Durante esta etapa, el funcionario puede presentar pruebas, y si el fiscal decide recibirlas, el procedimiento se puede extender en 20 días hábiles más.

Etapa resolutiva: El fiscal debe emitir un dictamen con una propuesta de absolución o de sanción disciplinaria. Para tal efecto, cuenta con cinco días hábiles.

Etapa de impugnación: En caso de ser sancionado, el funcionario puede impugnar la decisión ante la autoridad correspondiente. Tiene cinco días hábiles para presentar el recurso.

Si se suman todos los plazos mínimos establecidos por ley, un sumario administrativo podría resolverse, en teoría en 57 días hábiles. No obstante, en la práctica, estos procesos suelen durar mucho más tiempo.

“Pueden extenderse por años”

El abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quezada, explicó en conversación con Radio Pauta que “la ley impone que los sumarios administrativos sean tramitados de manera ágil”.

Sin embargo, agregó que al mismo tiempo “deben respetar un conjunto de trámites (que concretan el debido proceso) que los hacen tardar, al menos, un par de meses“.

Según el académico, “no es inusual que estos procedimientos, pese a que el plazo máximo de duración sea de seis meses, se extiendan por años”.

Limitaciones operativas y legales dificultan la resolución de los sumarios administrativos

“No solo se explica por los trámites y exigencias que impone la legislación, sino también por la ausencia de medios para tramitarlos”, señaló. En muchos casos, “se debe distraer de sus funciones habituales a un funcionario para que instruya el sumario”.

Quezada también indicó que no existe un registro centralizado sobre la cantidad de sumarios que se instruyen anualmente en los servicios públicos, salvo “el registro de los actos que ponen término a los sumarios que lleva la Contraloría, como el seguimiento que realiza de los sumarios iniciados por sus instrucciones”.

Consultado por la viabilidad de instruir al mismo tiempo los miles de sumarios anunciados por viajes realizados durante licencias médicas, el abogado sostuvo que sí es posible realizarlos, pero advirtió que su resolución probablemente demorará.

Las causas, dijo, van desde la limitada capacidad de los servicios públicos, “algunos tienen más funcionarios con capacidad de resolverlos”,  pasando por la probable judicialización de algunos casos, hasta las exigencias del debido proceso que deben respetarse en cada procedimiento.