Estudio revela que factores culturales y estructurales limitan la transparencia en el Estado

La investigación mostró que el temor a represalias, la falta de confianza en las denuncias y dinámicas internas de poder influyen más que la capacitación o la normativa vigente en la disposición a actuar frente a hechos de corrupción.

En medio del escándalo de las licencias médicas y del Caso ProCultura, un estudio reveló que los factores culturales y las dinámicas laborales limitan el avance de la transparencia en el Estado. 

La investigación, titulada “Creencias y actitudes en torno a la transparencia en la función pública: el caso chileno”, fue realizada por Luis Garrido-Vergara, académico de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), junto a Camilo Quijada-Donaire, también de la Universidad de Chile, y se basa en datos del IX Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información, aplicado en 2020 por encargo del Consejo para la Transparencia.

El informe que fue publicado recientemente en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, se basa en una muestra representativa de 1.988 funcionarios de organismos de administración central, entidades autónomas y municipios.

Los autores aplicaron herramientas estadísticas para determinar cuáles son los factores que más influyen en la disposición a actuar frente a situaciones vinculadas con la transparencia en la gestión pública.

Las variables que limitan la transparencia en el Estado

En relación a los resultados, el estudio muestra que la capacitación en transparencia no tiene efectos estadísticamente significativos en la disposición a actuar. 

Sin embargo, variables culturales como el temor a represalias, la percepción de que la denuncia no genera consecuencias prácticas y la idea de que aplicar la Ley de Transparencia representa más costos que beneficios sí influyen de forma negativa. 

Para los autores, estos hallazgos evidencias que los principales obstáculos para fortalecer una cultura de transparencia en el Estado no son técnicos ni normativos, sino estructurales y culturales. 

En ese contexto, es importante tener en cuenta que la investigación, reportó que la mayoría de los funcionarios encuestados (65,81 %) no ha recibido formación en transparencia ni en derecho de acceso a la información y solo un 31 % de quienes tienen funciones directamente relacionadas con la Ley de Transparencia afirmó haberla recibido.

Sin embargo, los autores señalan que incluso en los casos donde sí hay formación, esta no tiene un efecto significativo sobre las actitudes pro-transparencia, lo que podría deberse a problemas en su contenido, duración o contexto institucional.

En cambio, los factores culturales mostraron una relación estadísticamente significativa. Un 35,6 % de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación “denunciar puede traer enemigos innecesarios” y solo el 53,4 % sabe dónde denunciar hechos de corrupción. En tanto, un 40,75 % considera que no existen condiciones institucionales adecuadas para hacerlo de manera segura.

Es importante mencionar que la investigación también reveló que quienes ocupan cargos directivos o profesionales tienden a mostrar más dudas respecto a la conveniencia de denunciar actor indebidos, lo que contradice las expectativas tradicionales sobre el liderazgo
institucional en estas materias.

“Los datos evidencian que las respuestas institucionales actuales no logran modificar las condiciones que inhiben la acción pro-transparencia. Insistir en capacitaciones o marcos legales sin revisar los entornos organizacionales y las dinámicas de poder internas limita el impacto de cualquier política. Superar estas barreras requiere intervenir sobre prácticas instaladas, no solo sobre normas escritas”, dijo al respecto Luis Garrido-Vergara, investigador adjunto del COES y autor del estudio.

Según los autores, estos hallazgos reflejan una contradicciones estructurales entre las políticas formales de transparencia y las culturas organizacionales dominantes en muchas instituciones del Estado.

En ese sentido, advierten que mientras no se aborden estas barreras culturales y estructurales, los esfuerzos legales y formativos seguirán siendo insuficientes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.