Qué es la “Ley Mordaza 2.0”, el proyecto que podría sancionar con cárcel la difusión de información de investigaciones secretas
La iniciativa fue presentada como una moción por senadores tanto del oficialismo como de la oposición los cuales son: Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperguer (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (PPD).
Un proyecto de ley ingresado en abril de este año al Senado ha generado preocupación y amplios cuestionamientos, ya que busca sancionar con penas que podrían llegar incluso a la cárcel para quienes filtren o difundan información sobre investigaciones penales sujetas a secreto, lo que —según sus críticos— podría poner en riesgo la libertad de prensa.
La iniciativa fue presentada como una moción por senadores tanto del oficialismo como de la oposición: Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperguer (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (PPD).
El proyecto bautizado por sus críticos como “Ley Mordaza 2.0”, surge como respuesta a casos de filtraciones de información en investigaciones judiciales que han tenido alta cobertura mediática, como el Caso Audios, el Caso Monsalve, y el caso de los mensajes entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler desprendido de la fallida compra de la clínica Sierra Bella.
Lo anterior, según postulan los parlamentarios, evidencia “una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro, especialmente cuando existen asuntos de interés público”.
Pese a que sostienen que “la transparencia sigue siendo un pilar fundamental para la legitimidad del sistema de justicia”, establecen que “estos episodios demuestran la necesidad urgente de establecer límites claros y efectivos a la divulgación de información sensible durante las investigaciones”.
Asimismo, la iniciativa establece que “la filtración selectiva de antecedentes —a menudo antes de que sean ponderados en sede judicial— responde en muchos casos a intereses particulares ajenos a la justicia, afectando la presunción de inocencia, vulnerando la intimidad de víctimas, testigos e imputados, y comprometiendo el éxito de las investigaciones penales”.
“Ninguna filtración es desinteresada”, dicen los senadores.
Y agregan: “La filtración de información investigativa no solo vulnera principios básicos del debido proceso y el derecho de defensa, sino que también debilita la confianza pública en las instituciones. Muchas veces, fiscales, víctimas o imputados se enteran de decisiones procesales por la prensa antes que por los canales institucionales, lo que genera riesgos como la fuga de imputados o la destrucción de evidencia”.
¿Qué propone el proyecto?
La moción fue registrada en el Congreso con el boletín N.º 17.484-07 y su objetivo principal es “fortalecer la integridad, la transparencia y la eficacia del sistema de persecución penal, protegiendo el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes, a través del establecimiento de medidas robustas para el resguardo de la información y diligencias de la carpeta investigativa, evitando su instrumentalización y garantizando el pleno respeto de los derechos fundamentales”.
El proyecto busca modificar el Código Procesal Penal que contempla cárcel tanto para quienes entreguen la información de una investigación bajo reserva si no también para quienes la difundan.
“El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo“, establece el boletín.
¿Por qué se le llama “Ley Mordaza 2.0”?
Su apodo no es casual. Su origen se remonta a 2016, cuando, en medio de la controversia por los casos Penta y SQM, surgió un proyecto que buscaba sancionar no solo a los funcionarios que filtraran información de causas judiciales, sino también a los medios y periodistas que la difundieran.
Aquella propuesta fue duramente criticada por diversos sectores y finalmente descartada. Desde entonces, ese nombre quedó asociado a cualquier intento legislativo que busque restringir la publicación de antecedentes en investigaciones penales, como ocurre ahora con la nueva iniciativa en trámite.