Ministros de la Corte Suprema se someten voluntariamente a test de drogas
“Buscamos dar una señal de probidad y confianza a la ciudadanía. Aunque antes podíamos ser sorteados, decidimos someternos todos al test de forma voluntaria como organismo colegiado”, dijo la ministra vocera, María Soledad Melo.
Este lunes 16 de junio, los ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia se sometieron de forma voluntaria a un test de drogas mediante análisis capilar, un procedimiento que permite detectar el consumo de sustancias hasta 90 días previos a la toma de muestra.
La decisión fue adoptada por el Pleno del máximo tribunal, que en años anteriores estaba sujeto al sorteo aleatorio anual previsto en el autoacordado 203-2018.
Corte Suprema busca dar señal de probidad con test de drogas voluntario
Esta norma regula la prevención del consumo de sustancias ilícitas entre funcionarios del Poder Judicial y establece procedimientos de control reservados para jueces y personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
“Esta es una decisión del Pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, de confianza y de legitimidad (…) Optamos por hacerlo como un organismo colegiado y de forma voluntaria”, afirmó la ministra vocera, María Soledad Melo.
El examen se aplicó durante la mañana a la totalidad de los integrantes en ejercicio, incluido el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera.
Procedimiento reservado y resultados
De acuerdo con la normativa, los resultados de estos exámenes son entregados de forma reservada a la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Los casos negativos o de ausencia se informan confidencialmente al Pleno, mientras que un resultado positivo activa un protocolo que incluye una segunda muestra y, de confirmarse, una evaluación clínica para determinar si existe dependencia.
Si la evaluación concluye que el consumo está vinculado a un tratamiento médico, el funcionario podrá continuar en funciones, previa declaración jurada.
En cambio, si se detecta dependencia a una sustancia ilegal, el caso es informado al superior jerárquico, pudiendo derivar en la suspensión del cargo y la obligación de iniciar un proceso de rehabilitación.
Actualmente, se realizan entre 550 y 600 test anuales a nivel nacional, de forma aleatoria y confidencial. La aplicación de los exámenes está a cargo de una empresa especializada, licitada cada tres años.