Comisión aprueba informe de oposición por fallida compra de casa de Allende: Acusa a Boric de “eludir su responsabilidad política”
El documento, aprobado por 7 votos a favor y 5 en contra, se impuso sobre la propuesta presentada por el oficialismo —elaborada por el diputado Raúl Leiva (PS)—, que no logró reunir los apoyos necesarios para su aprobación.
La Comisión Investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende aprobó la mañana de este miércoles el informe de conclusiones del proceso que fue elaborado por los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra.
El documento, aprobado por 7 votos a favor y 5 en contra, se impuso sobre la propuesta presentada por el oficialismo —elaborada por el diputado Raúl Leiva (PS)—, que no logró reunir los apoyos necesarios para su aprobación.
El informe expone diversas observaciones y concluye que el proceso de la compraventa de la casa de Allende “no solo estuvo marcado por desprolijidades técnicas y jurídicas, sino que además, desde su origen, se vio empañado por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria”.
Críticas al Presidente Boric
Asimismo, lanza duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric, al señalar que el Mandatario “intentó eludir su responsabilidad política argumentando desconocimiento de las inhabilidades legales. Esta justificación es institucionalmente inaceptable, ya que las advertencias existieron y debieron haberle sido comunicadas por su equipo más cercano”.
Para los parlamentarios de la oposición, “este argumento resulta insuficiente, cuestionable e institucionalmente alarmante, dado el cargo que ocupa y el rol que le corresponde en la estructura del Estado. La excusa presidencial respecto del desconocimiento sobre estas inhabilidades revela, al menos, una falla grave y preocupante en la comunicación interna en La Moneda, poniendo de relieve la inadecuada gestión administrativa y el evidente descontrol institucional en la toma de decisiones estratégicas”.
“El Presidente Boric en pro de la impunidad política señala al Congreso Nacional en su oficio de respuestas que desconoce el texto expreso de la Constitución Política de la República, cuestión inaceptable comprendiendo el rol del jefe de Estado en el entramado institucional chileno. Mas bochornoso y preocupante es que diga desconocer una norma que está en el Capítulo del Gobierno, y que regula el rol de los ministros de estado, esto es, sus más cercanos colaboradores en el cumplimiento de los fines gubernamentales”, continúa.
“Un Presidente que desconoce el contrato político contenido en la Carta Fundamental, donde se regulan no solo las potestades presidenciales sino el marco de protección de los ciudadanos frente al Estado, es simplemente alguien que no pareciera estar en posesión de aptitudes mínimas para ejercer la primera magistratura”, prosigue el informe.
Críticas al actuar de asesores de segundo piso y de Francisca Moya
El documento también afirma que “el Congreso Nacional jamás aprobó la adquisición de la vivienda del expresidente Allende como se argumentó, erróneamente, en el discurso gubernamental, ya que la modificación presupuestaria para permitir dicha adquisición se hizo posterior a la discusión parlamentaria y de forma interna mediante instrucción presidencial”.
El informe también cuestiona el rol de los asesores del segundo piso de La Moneda, especialmente a Leonardo Moreno y Bernardita Nazar señalando que “lejos de cumplir su rol de asesoría técnica y preventiva, los asesores presidenciales ejercieron presiones indebidas para avanzar en una compra plagada de conflictos de interés, irregularidades administrativas y advertencias explícitas que fueron sistemáticamente ignoradas”.
En otra sección del informa se critica el actuar de Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres, a quien apuntaron por “tener una responsabilidad directa y crucial en dicho fracaso”, mientras era la máxima autoridad técnica de esta división.
En esa línea, los legisladores plantean que ella, “a pesar de contar con antecedentes sobre conflictos de interés e inhabilidades, permitió que el decreto de compra avanzara sin objeciones. Este fracaso institucional comprometió la imagen y la responsabilidad del Ejecutivo”.
Junto con lo anterior, el documento menciona que “la compraventa de la casa de Salvador Allende no es solo una operación destinada a honrar el legado de un expresidente, sino que es también una operación económicamente beneficiosa para su familia”.