Responsabilidad penal juvenil: un debate más allá de las penas

La iniciativa de la oposición busca que los jóvenes que cometan delitos obtengan menos beneficios. El Ejecutivo, en tanto, está en contra. “La derecha busca homologar la justicia de adultos a la justicia adolescente”, señalan a Pauta desde el Ministerio de Justicia. Por Cecilia Olmedo

El proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil avanza en el Congreso e involucra un aumento desde 5 a 10 años en la internación para adolescentes de entre 14 y 16 años de edad. La propuesta ya fue aprobada en general en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahora vuelve a comisión de Constitución para indicaciones.

Con un evidente efecto político comunicacional la iniciativa de la oposición busca no sólo aumento de penas, sino también elevar los requisitos para otorgar beneficios como el cumplimiento de penas en régimen semi cerrado (es decir que sólo lleguen a los centros a dormir) o en medio libre, sólo con supervisión e intervención.

Sin embargo, la Moneda se opone a la iniciativa y a la premisa que está detrás de la idea de los parlamentarios opositores y pide tiempo para terminar de implementar la Ley 21. 527, que modificó la norma 20.084 (del año 2007), y que creó el nuevo servicio de Reinserción Social Juvenil que termina con el tristemente célebre Sename en enero del 2026, que actualmente administra centros sólo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, a la espera del traspaso definitivo.

Sin punto de encuentro

Lo que plantean desde el Ministerio de Justicia, según pudo corroborar Radio Pauta es que “la derecha busca homologar la justicia de adultos a la justicia adolescente y que eso es borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Aseguran que la evidencia internacional muestra que la privación de libertad para un menor en plena etapa de desarrollo de habilidades sociales “niega la posibilidad de que se pueda reinsertar”.

Desde Justicia, explican que si un menor de 14 años es condenado a 10 años de reclusión, saldrá a los 24 y el único mundo que conocerá será el del centro de régimen cerrado, por lo que no podrá desarrollar habilidades sociales, enfrentará desocialización y se vinculará a la cultura del centro en el que estuvo interno. Por el contrario, plantean que hay que intervenir los entornos, los factores de base que los llevan a cometer delitos y trabajar con las comunidades. Pero ese estándar de protección de la infancia que debería proveer el Estado es hoy más declarativo que real y tiene un enfoque de largo plazo.

Según cifras del Sename, desde que se implementó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil ha disminuido la reincidencia, lo que se ha medido entre el 2009 y el 2020. En las sanciones en medio libre, se registra una caída de 20 puntos porcentuales, aunque el mismo “Informe Medición de Reincidencia Programas y Sanciones Ley RPA N°20.084”, que revisó Pauta, sostiene en sus últimas páginas que no son datos concluyentes.

El incumplimiento de una condena que terminó en doble homicidio en Graneros

Uno de los crímenes que causó conmoción en marzo pasado fue el doble homicidio del matrimonio González – Calleja de Graneros. Un asesinato cruel y despiadado, en el que los asesinos no tuvieron temor ni clemencia.

Dos de los delincuentes involucrados, ahora mayores de edad, se conocieron en el Sename: uno de ellos había sido condenado por otro homicidio, cuando tenía sólo 15 años. Estuvo en internación provisoria (prisión preventiva) y luego fue condenado a un Centro Semi Cerrado (debía llegar sólo dormir) pena que no cumplió.

Otro de los imputados había egresado el 2024 del Centro Semi Cerrado de Rancagua por suspensión de la condena, lo que decidió un juez. Ambos presentan un circuito similar de estadías en centros del Servicio Nacional de Menores: el Centro de Internación Provisoria de Graneros, Centro de Régimen Cerrado de Graneros y Centro Semi Cerrado de Rancagua.

Hechos como este son la razón para que parlamentarios de derecha levanten el proyecto que hoy los enfrenta al Ejecutivo. En conversación con Radio Pauta el diputado RN Andrés Longton, explicó que quieren “eliminar garantías, hacer más difícil la solicitud de remisión de penas y que haya sanciones por incumplimiento de éstas”. Entregó algunos ejemplos, como pasar de régimen semi cerrado a régimen cerrado o aumentar la cantidad de años para solicitar beneficios. Quieren, en definitiva, “rigidizar los requisitos para pedir beneficios y castigar el incumplimiento de las condenas”.

El parlamentario asegura que la situación delictual que vive nuestro país ha permeado a los jóvenes: acusa que hoy son más violentos cuando delinquen y lo hacen desde más pequeños, por lo que hay que sacarlos de las calles.

Longton plantea que la mirada no es sólo punitiva, sino que se trata de intervenir eficazmente a los menores, más aun considerando que el Estado no ha sido capaz de hacerlo en los entornos, para prevenir o evitar trayectorias delictuales.

Un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional muestra que en Estados Unidos o Canadá la responsabilidad penal juvenil se persigue desde los 12 años, en algunos estados de EE.UU. incluso desde los 10. Para los delitos más graves Canadá propone “rehabilitar”, cuentan con jueces especiales y la reclusión es con un máximo de tres años.

En Estados Unidos hay un programa llamado “Second Chance Act” para la reinserción juvenil, los jóvenes reciben, entre otros, tratamiento médico, servicios de salud mental, educación y asistencia vocacional, además de asistencia para la vivienda de manera de garantizar una reintegración social efectiva. Según el análisis de la Oficina de Justicia Juvenil el 77% de quienes participan de este programa no reincidió.

El trabajo cotidiano con jóvenes infractores de la ley

Quienes trabajan a diario con menores infractores, en centros de administración de penas, aseguran que hay un factor clave que impacta decididamente en la situación actual y futura de los jóvenes: las decisiones judiciales.

Cifras del Sename muestran que en el primer trimestre de este año 165 menores egresaron de Centros de Internación Provisoria (prisión preventiva), algunos incluso después de dos años de esperar una condena definitiva. En ese tiempo adquirieron hábitos y rutinas, desde asearse hasta ir al colegio, estudiar e incluso soñar con un futuro posible, lejos del mundo delictual que conocían hasta antes de ingresar uno de los centros administrados por el Servicio.

Sin embargo, después de iniciado el proceso de reinserción o rehabilitación por decisión de jueces, sólo el 5,5% fue condenado a Régimen Cerrado, el resto recibió condena para cumplir su sanción en el medio libre o en un centro Semi Cerrado. Para quienes trabajan con ellos este régimen los lleva otra vez a su vida anterior, con sus mismos amigos, familiares (que muchas veces, demasiadas veces, los usan para seguir delinquiendo). Entonces, sostienen que sin una intervención adecuada estos jóvenes abandonan el colegio, la rutina y todo aquello que habían intentado iniciar mientras estaban en Internación Provisoria. Lo más complejo, terminan incumpliendo la condena y nadie los busca para traerlos de vuelta.

Este tipo de decisiones, de consideraciones y de evaluaciones las toman los jueces y perjudican el proceso de reinserción, comentaron a Radio Pauta quienes trabajan con ellos en centros de cumplimiento de condena del Sename.

Tanto los parlamentarios, que quieren sacar adelante su proyecto, como el Gobierno reconocen que la falta de especialización del sistema judicial es uno de los factores que podría hacer la diferencia en el círculo delictual de estos menores infractores.

Desde el ministerio de Justicia insisten en que implementar totalmente la Ley 21. 527 permitiría avanzar también en ese enfoque. De hecho, en octubre se hará una capacitación masiva para Fiscales, Defensores y Jueces de O’ Higgins, Valparaíso y la Región Metropolitana en materia de responsabilidad penal juvenil.

Por lo pronto las regiones donde aún funciona el Sename atiende a poco más de 3.300 menores (al primer trimestre de 2025), de ellos 391 están en Internación Provisoria, 300 en Centros Semi Cerrados (sólo llegan a dormir) y 2.675 en medio libre (otras medidas).

En la segmentación por edades: 331 tienen entre 14 y 15 años (9,9%), 1.438 entre 16 y 17 años (42,9%) y 1.583 son mayores de 18 años (42,2%), estos últimos cumplen condena o esperan condena por delitos cometidos siendo menores.

Finalmente, en una mirada por tipo de delitos, más del 75% corresponde a delitos contra la propiedad, como el portonazo que protagonizó una banda de escolares en La Reina la semana pasada; todos ellos quedaron con arresto domiciliario nocturno y vigilancia del Sename. Mientras el 6% de los delitos son contra las personas, como el atropello a un Carabinero hace algunos días, donde uno de los menores quedó en Internación Provisoria (no tenía antecedentes) otro de los infractores que sí tenía antecedentes quedó con arresto domiciliario, ambos imputados por homicidio frustrado.