Falsos detenidos desaparecidos: familias piden respeto, Gobierno lo califica como excepción y UDI pide ir a Contraloría

Bernarda Vera fue encontrada viva en Argentina por un equipo de Chilevisión, 52 años después de que su familia perdió su rastro.

En un reciente reportaje de Chilevisión y una investigación de Reportea, se dio a conocer versiones que indicaban que Bernarda Vera, una mujer chilena que figuraba como ejecutada y desaparecida de la dictadura, estaría viva y actualmente se encontraría residiendo en Argentina.

Bernarda Vera era profesora primaria, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario. En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) en el Tomo III, se encontraba registrada como presumiblemente detenida y fusilada en el puente del río Toltén el 10 de octubre de 1973, junto a otras 15 personas.

Su familia aseguró haber perdido su rastro días antes al golpe de Estado, cuando ella tenía 27 años. Desde la fecha indicada en el informe, se le consideró como una de las personas detenidas y ejecutadas políticas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Su hija la buscó durante mucho tiempo, y el Estado la reconoció como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que su familia recibía la reparación por parte del Gobierno.

Pero las investigaciones apuntaban que existían antecedentes que podrían indicar que Bernarda realmente estaría viva. Entre estos hechos se encontraría el libro de su compañero de militancia en el MIR, José Bravo, donde contó que ‘Anita’, que era como se referían a Bernarda, había escapado de una detención, y tras sobrevivir en los bosques, cruzó hacia Argentina.

Otro antecedente sería la biografía de Svante Grände, un guerrillero sueco que llegó a Chile y fue parte del MIR. En este libro se detalló cómo el grupo que incluía a Vera logró escapar de Chile hacia Argentina, e incluso ella fue entrevistada para este relato bajo el nombre de ‘Anita’. 

La familia de Grände confirmó que recibieron a la militante en Suecia en 1978, y registros de la embajada de Suecia confirmaron que se le otorgó una visa, y posteriormente un permiso de residencia en 1984, cuando llegó con su esposo argentino y un hijo, y fue recibida por el Estado sueco y la familia de Grände. En esos documentos también estaba la evidencia que anuló su matrimonio chileno para validar su matrimonio argentino, y que en 1999 volvió a Argentina.

Este caso de “incongruencia” había sido indicado en el boletín n°10 del Plan Nacional de Búsqueda, según consignó Reportea. En este informe se le calificó como “una persona, condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973, que fue calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), con los antecedentes disponibles en la época, como víctima de desaparición forzada”.

Se esclareció además que “la familia presentó su caso ante la Comisión, puesto que el último contacto que tuvieron con ella fue unos días antes del 11 de septiembre del 73, sin tener noticias de su paradero hasta el día de hoy. Posteriormente, el Plan Nacional de Búsqueda recogió testimonios de personas que dijeron haberla visto fuera de Chile después de la fecha en la que la CNVR estableció su desaparición. A raíz de ello, se abrió una investigación administrativa respecto de su trayectoria”.

En el boletín se esclarece que todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, a la familia y al Ministro en Visita Extraordinaria, Álvaro Mesa. 

Otros casos de incongruencias en el registro de detenidos desaparecidos

El caso de Bernarda Vera se suma a otras situaciones cuestionadas sobre supuestos ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que finalmente se informó que habían sido calificados erróneamente como tales.

Gustavo Soto Peredo

Entre los nueve casos recopilados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2022, uno de los más emblemáticos fue el de Gustavo Soto Peredo. Según el informe de la Comisión Rettig, había sido detenido junto a su supuesto hijo Gustavo Soto Cabrera (quien nunca existió) en 1973 y 1974 respectivamente.

Pero al confirmar los datos, el único Gustavo Soto Cabrera que ha sido inscrito en el Registro Civil es un electricista de 60 años, que vive en San Ramón, y no tenía nada que ver con este asunto.

Estas personas habían sido presentadas ante la Vicaría de Solidaridad y la Comisión Retting por María Cabrera Silva, cuñada de Soto Peredo, quien se hizo pasar por su pareja.

Además, un hombre llamado Rosendo Soto Salfate se hizo pasar por hijo de Soto Peredo, y cobró un bono gubernamental de diez millones de pesos. Por esto fue inculpado de fraude al fisco. Posteriormente se confirmó que el caso no correspondía a una víctima de la dictadura militar y que había fallecido por causas delictuales.

Pedro Millas Márquez

Otro caso fue el de Pedro Gonzalo Millas Márquez. Su esposa Lidia Reyes Millar denunció en agosto de 1990 ante la Comisión Rettig que su marido había sido detenido en 1982, pero días después se acercó a presentar una denuncia por presunta desgracia a Carabineros de Lautaro, puesto que el hombre en realidad falleció en un choque de trenes ocurrido en Laja ese mismo año.

Germán Cofré Martínez

Germán René Cofré Martínez es otro de estos falsos detenidos desaparecidos. Su primera esposa, María del Carmen Cisterna Zapata, denunció que Cofré había sido detenido días después del 11 de septiembre de 1973 y nunca más supo de él.

En 1995, le comunicaron a su esposa que un cuerpo encontrado en el Patio 29 del Cementerio General correspondía a su marido, por lo que fue sepultado por su familia.

Pero finalmente se supo mediante una vecina de Cofré que él había estado solo dos días preso en la Base Aérea El Bosque, de la Fuerza Aérea, volvió a su casa y viajó a Argentina en julio de 1975. Su nombre tuvo que ser eliminado del memorial en el Cementerio General.  

Luis Pino Soto, el caso inverso

Pero en el boletín mencionado anteriormente del Plan Nacional de Búsqueda, publicado en agosto de este año, se asegura que existe un gran progreso: Se trata de Luis Alberto Pino Soto, quien desapareció en Arica en 1986 cuando tenía 15 años. 

Él no había sido incluido en la nómina oficial de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, pero se descubrió que esto fue un error debido a un error en la transcripción de la información que se hacía de forma manual. El 27 de agosto pasado la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió una resolución donde se reconoció oficialmente como una víctima de la dictadura.

La respuesta del Gobierno ante este hallazgo

En un comunicado, el Ministerio de Justicia aseguró que: “Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”. 

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, recalcó la importancia de este plan impulsado por el Gobierno: “Quisiera recordar que el Plan Nacional de Búsqueda es algo que no existía en nuestro país, que se crea como política de Estado gracias al mandato del Presidente de la República para hacer que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no sea una acción solamente privada de los familiares”. 

Además, en el reportaje de CHV el exjefe de la Brigada de DD.HH. de la PDI, Sandro Gaete, denunció que el Plan Nacional de Búsqueda conocía antecedentes desde hace más de un año y no los transparentó. Pero la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, replicó que solo en mayo de 2025 recibieron los primeros documentos del hecho, información que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó.

Cordero aseguró que no existía una obligación de denuncia ante los antecedentes obtenidos. Y también declaró que se tiene la convicción de que la familia de Vera no actuó con dolo en este caso: “En el caso de la hija de Bernarda Vera hay que tener particular cuidado de cómo se trata esto públicamente, nosotros entendemos que ella y su familia han actuado no solo de buena fe, sino que con total desconocimiento de esta situación”. 

De todas formas, el diputado UDI Jorge Alessandri anunció que oficiarán a la Contraloría para revisar si existen otras situaciones similares: “Detrás de estos casos, evidentemente si son falsos, hay miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes. Vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para que revise si hay más casos como este, si hay más personas defraudando al Estado con este tipo de mentiras”.

¿Qué dicen las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos?

Erika Hennings, directora de Londres 38 y parte del comité de seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, indicó a Radio Pauta que los integrantes del comité tenían conocimiento de esta situación desde enero de 2025.

En cuanto al Plan Nacional de Búsqueda, piensa que “hay un esfuerzo, pero que evidentemente no arroja los resultados que esperamos, porque llegó 52 años tarde, porque no hay recursos suficientes”. Pero de todas formas cree necesario dar cuenta que “esto es gracias al Plan Nacional de Búsqueda”. 

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y parte del comité de seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, sigue evaluando esta medida del Gobierno “como algo que debió haberse hecho hace 50 o 40 años atrás, y lo evaluamos bien en términos de la deficiencia o las demoras que ha tenido. Hemos estado presentes con nuestros reclamos y exigencias, pero aquí hay que recordar que se está trabajando activamente”. 

Ambas advierten también que este es un tema que se debe tratar con sensibilidad y respeto hacia las familias.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, menciona que “el conocimiento de la verdad sobre el destino de las personas que fueron desaparecidas en dictadura, supone conocer las circunstancias en que se produjeron las desapariciones, así como también aclarar situaciones de posibles calificaciones erróneas en la medida en que sean conocidas”.

Además recuerda que “casos similares, que han sido específicos y minoritarios, se han conocido en distintos momentos: antes de que se creara el Plan Nacional de Búsqueda y una vez que cesaron en sus funciones las comisiones de verdad”.

“Como instituto queremos señalar que estas situaciones requieren ser abordadas con la mayor rigurosidad, realizando todas las acciones pertinentes que le corresponden al Estado con el fin de dar un correcto y adecuado tratamiento a los hechos, efectuando todas las gestiones necesarias para levantar y verificar información que permita dar certeza a las familias y fortalecer la confianza en las instituciones”, concluye Ljubetic.