Representante legal de familia Correa por desalojo de toma en Quilpué: “Ha sido un proceso exitoso con pleno respeto a los derechos de todas las personas”

La abogada además informó que ya se está trabajando en cerrar el terreno para que no vuelva a ser ocupado.

En este episodio de Pauta Global, Jeannette Bruna, representante legal de la familia Correa, se refiere a los trabajos que se están realizando en cuanto al desalojo de una la toma Calicheros en Quilpué, que pertenecía a Alejandro Correa, empresario asesinado tras haber denunciado la usurpación de su terreno.

“Ha sido un proceso totalmente tranquilo, las personas hicieron abandono voluntario después de la conversación con los agentes de dialogo de carabineros y con las duplas psicosociales que puso la municipalidad”, señala Jeannette Bruna.

Luego de este proceso, informó que se está trabajando en las zanjas para que no vuelva a ser ocupado este terreno.

Bruna además destaca la acción del municipio en este desalojo: “Desde el 2021 en que la seremi Evelyn Mansilla había dictado la orden de devolución, y después se había guardado en el cajón, nunca se había actualizado el catastro de personas” dentro de este lugar, menciona la abogada. Es por esto que la alcaldesa de Quilpué comenzó a presionar a las autoridades para que iniciaran la acción”. 

“La gestión de la alcaldesa, gracias al conocimiento del barrio logró que, junto con esta mesa intersectorial de autoridades, se pudiese llegar al día de ayer con personas que ya se daban cuenta que esto sí iba a pasar, que no había vuelta atrás”, señaló Bruna, y también agradece la cobertura social que llevó el municipio al lugar, junto con el trabajo de Carabineros.

Además, indica que el único detenido en el lugar ha sido una persona con una orden de detención pendiente.

“Ha sido un proceso exitoso con pleno respeto a los derechos de todas las personas, lo cual nos deja bastante tranquilas”, consignó la representante legal.

Se estimaban entre 120 a 140 las familias que deben ser desalojadas.

“Esto no perjudica solo al dueño del terreno, perjudica al urbanismo, al crecimiento de la ciudad de manera sostenible, perjudica a los vecinos, perjudica a los municipios (…) y también perjudica al fisco”, alerta Bruna.