Por qué el Congreso puede acusar constitucionalmente a Diego Pardow, pese a haber renunciado
Aunque ya dejó el Ministerio de Energía, Diego Pardow aún puede enfrentar una acusación constitucional. La ley permite que el Congreso lo investigue por hechos ocurridos durante su gestión, luego de que surgieran nuevos antecedentes sobre cobros indebidos en las cuentas de la luz.
El hecho de que el exministro de Energía Diego Pardow haya presentado su renuncia no impide que el Congreso Nacional impulse una acusación constitucional en su contra.
El artículo 52 de la Constitución establece que las responsabilidades políticas pueden ser perseguidas hasta tres meses después de dejar el cargo, cuando los hechos investigados ocurrieron durante el ejercicio de sus funciones.
Aunque ya no es ministro, el Congreso puede seguir con una acusación constitucional
Si bien la UDI había desechado la idea tras la salida de Pardow del gabinete, los nuevos antecedentes sobre cobros indebidos en las cuentas de la luz reactivaron la ofensiva opositora, esta vez encabezada por Renovación Nacional, que evalúa retomar la acción en el Congreso.
Así lo expresó el diputado Diego Schalper en Primera Pauta, al apuntar a la responsabilidad política del exministro de Energía, en los errores tarifarios que afectaron las cuentas eléctricas, y adelantó que el caso podría revivir la idea de una acusación constitucional.
En esta nota, explicamos las razones legales que permiten que la acción siga adelante, aun cuando ya dejó el cargo.
¿Qué es una acusación constitucional?
En Chile, la figura de la acusación constitucional está prevista para altos cargos públicos que incurren en infracciones graves de sus deberes, que afectan la Constitución, la probidad, el ejercicio de funciones o el honor del Estado.
La Cámara de Diputados actúa como acusadora y el Senado como jurado. Si la acusación prospera, el funcionario puede ser destituido y quedar inhabilitado para cargos públicos por cinco años.
¿Por qué el Congreso puede seguir adelante pese a la renuncia de Pardow?
Aunque Diego Pardow ya no ejerce como ministro, su renuncia no lo exime de una posible acusación constitucional.
En Chile, las responsabilidades políticas y patrimoniales trascienden el cargo, lo que significa que los actos cometidos durante la gestión pueden ser perseguidos aun después de dejar el puesto.
La acusación se centra en hechos ocurridos mientras ejercía sus funciones, como los cuestionados cálculos tarifarios, y no en su permanencia actual en el cargo.
Además, la finalidad de la acusación constitucional no se limita a destituir a una autoridad en ejercicio, sino que también busca aplicar sanciones, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, frente a infracciones graves.
Por último, el procedimiento puede seguir su curso incluso tras la renuncia, ya que la oposición, en este caso, Renovación Nacional, está evaluando la posibilidad de presentar el libelo después de conocerse el cobro indebido por parte de Transelec.
¿Cuáles son los pasos que vienen si la oposición decide acusar al exministro Pardow?
Si la oposición decide avanzar con una acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, el proceso comienza con la presentación del libelo acusatorio, firmado por al menos diez diputados.
Este documento detalla los hechos y normas que se habrían vulnerado durante su gestión. Luego, la Cámara de Diputados revisa su admisibilidad y, si la aprueba, se forma una comisión revisora de cinco parlamentarios que analiza los antecedentes, escucha a la defensa y emite un informe no vinculante.
El paso siguiente es el debate en el pleno de la Cámara, donde se requiere mayoría simple para que la acusación avance. Si se aprueba, el libelo pasa al Senado, que actúa como jurado político y realiza una especie de juicio público, en la que escucha a los acusadores y a la defensa.
Finalmente, el Senado vota por cada capítulo de la acusación y necesita el respaldo de dos tercios de los senadores presentes para aprobarla.
Si eso ocurre, Pardow quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, y podrían abrirse investigaciones judiciales paralelas si se detectan eventuales responsabilidades adicionales.