Caso SQM: Tribunal absuelve a ME-O, Longueira, Contesse y los otros cinco imputados
La jueza María Teresa Barrientos señaló que la causa se extendió de forma “excesiva” por la abundancia de pruebas y la decisión de agrupar investigaciones, lo que justificó una absolución total.
El Tercer Tribunal Oral de Santiago leyó este miércoles el veredicto final del caso SQM, y absolvió a los ocho imputados, entre ellos el exministro y exsenador de la UDI, Pablo Longueira, el exgerente de SQM, Patricio Contesse, y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
La investigación se extendió por diez años e indagó a los acusados por delitos tributarios y cohecho en el marco de un eventual financiamiento irregular de la política por parte de la empresa minera.
El juicio encabezado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich- también tenía entre sus imputados a la exsecretaria de Longueira, Carmen Valdivieso;: la exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado de la DC Roberto León, el asesor y militante de la DC, Marcelo Rozas y Marcelo Rozas, antiguo asesor de SQM.
Dilación excesiva
En la instancia, la presidenta de la Tercera Sala, la magistrada, María Teresa Barrientos, señaló que la causa se extendió de forma “excesiva” por la abundancia de pruebas y la decisión de agrupar investigaciones, lo que justificó una absolución total.
“Existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria“, afirmó.
En ese sentido, postuló que ha sido tanta “la dilación en la resolución de la causa, que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
Por lo mismo, añadió que “la tramitación de la causa en examen se ha extendido por un lapso excesivo y inciden tal demora la sobreabundante evidencia ofrecida por el propio ente persecutor y la decisión de agrupar las investigaciones”.
Cuestionamientos a la Fiscalía
En tanto, la jueza cuestionó un “actuar poco prolijo y diligente” del Ministerio Público, ya que apuntó que en este caso, el persecutor ofreció “más de 14 mil documentos, sorprendiendo que varios de los instrumentos ofrecidos se encontraban repetidos o contenidos de manera más genérica que en los distintos medios de prueba”.
Además, manifestó que la Fiscalía, al presentar la prueba, generó varios incidentes durante el juicio y consecuentes retrasos, sin que en ningún caso se pudiera responsabilizar a las defensas.
Por lo mismo, Barrientos aseveró que “queda asentado que la complejidad de la investigación desde el juicio no es la causante de la exorbitante demora de este procedimiento, sino que las actuaciones del propio Ministerio Público”.
La lectura de la sentencia se programó para agosto de 2026.