Norambuena afirmó que decisión del nombramiento de Abbott como fiscal nacional estuvo “vinculada y contaminada” por el caso SQM
El exfiscal de alta complejidad señaló en Primera Pauta que la designación de Jorge Abbott respondió a intereses políticos que buscaban limitar el alcance de la investigación del caso SQM y proteger a los involucrados en el financiamiento irregular de la política.
En Primera Pauta, el exfiscal de alta complejidad, Pablo Norambuena, criticó el proceso que llevó a Jorge Abbott a la jefatura del Ministerio Público y sostuvo que su nombramiento estuvo “vinculado y contaminado” por el caso SQM.
A raíz de la reciente absolución, advirtió que el desenlace refleja un daño profundo a la confianza ciudadana y a la institucionalidad democrática.
“La decisión de nombramiento del fiscal nacional estuvo totalmente vinculada y contaminada por estas causas”, afirmó.
El exfiscal apuntó a presiones políticas y a un cambio de rumbo en la Fiscalía que derivó en impunidad
Norambuena, quien junto a Carlos Gajardo lideró las primeras investigaciones del caso Penta y luego de SQM, señaló que la llegada de Abbott al cargo significó un cambio de enfoque dentro de la Fiscalía.
Según explicó, el nuevo fiscal nacional “vino con toda una filosofía de acotar las investigaciones, donde había que tener cuidado con los desafueros”, lo que derivó en la salida del equipo original y en una “renuncia progresiva a la persecución penal”.
Norambuena acusa impunidad y una “doble justicia” en el caso SQM
El exfiscal aseguró que, desde entonces, la investigación comenzó a ser “torpedeada políticamente” y que se instaló una lógica de protección hacia los actores políticos involucrados. “La fiscalía fue renunciando a la persecución penal y se llegó a un capítulo final de impunidad”, sostuvo.
Norambuena añadió que el caso SQM reveló una relación directa entre poder político y como opera la justicia: “Hay dos justicias. La justicia coloca mayores exigencias para condenar a quienes tienen poder”.
A su juicio, el resultado del proceso “representa un daño profundo a la confianza ciudadana y a la institucionalidad democrática”.