Gobierno presenta dos querellas por ataques incendiarios en La Araucanía y ministro Cordero viaja a la zona
El Ministerio de Seguridad Pública interpuso acciones legales por delitos de asociación terrorista tras una serie de atentados registrados en Vilcún, Carahue y otros predios forestales. El secretario de Estado arribará a la región junto a mandos de inteligencia policial para evaluar medidas de seguridad.
El Gobierno presentó dos querellas por los ataques incendiarios ocurridos durante el fin de semana en distintos puntos de La Araucanía. Los hechos motivaron al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a planificar un viaje a la región para revisar la situación en terreno.
Ministro Cordero viajará con jefes de inteligencia para coordinar medidas de seguridad en la región
Los primeros ataques se registraron en Vilcún, donde fueron incendiadas bodegas, maquinaria agrícola y vehículos de carga. En ambos sitios se encontraron lienzos que exigían libertad para comuneros condenados y con consignas vinculadas al conflicto en el Wallmapu.
Otro hecho se produjo en el predio Galicia, perteneciente a la empresa 3 Curanco, donde fueron quemadas siete máquinas forestales.
En el lugar se dejó un lienzo atribuido a la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM). Un ataque similar se registró en Carahue, donde también se halló una consigna adjudicada a la misma orgánica.
Por estos hechos, el Gobierno presentó querellas “contra todos quienes resulten responsables” por el delito de asociación terrorista, según la Ley 21.732.
Pronunciamiento del sector privado
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) emitió una declaración pública expresando “su más profunda solidaridad con las víctimas y comunidades afectadas” por los atentados.
El gremio calificó como alarmante la sucesión de cuatro hechos de violencia en menos de 72 horas y advirtió que los daños van más allá de lo material, afectando directamente las oportunidades laborales y el desarrollo de los territorios.
“Más allá de los daños materiales, estos ataques son especialmente condenables por las graves consecuencias que generan en las comunidades locales: ponen en riesgo la seguridad de las familias, destruyen fuentes de empleo y frenan las posibilidades de desarrollo de los territorios”, sostuvieron.
La CChC llamó a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para investigar, detener y sancionar a los responsables, “desarticulando los grupos violentistas que amenazan la convivencia, el trabajo y la paz social”.