“Actuó con dolo” y “una mala decisión”: las reacciones de la defensa de Pardow ante AC en su contra
En el documento, de 121 páginas, el exsecretario de Estado, indicó que no comunicó la situación en esa oportunidad ya que quería evitar una “alarma” en la ciudadanía y además señaló que el libelo “no cumple con los requisitos mínimos” para ser aprobado.
Reacciones desde el oficialismo y la oposición dejó la respuesta del exministro de Energía, Diego Pardow (FA) a la acusación constitucional que pesa en su contra por los cobros en exceso de las cuentas de la luz, originados por un error en el cálculo.
Aunque el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del exsecretario de Estado, la oposición decidió continuar con el libelo, destacando la necesidad de asumir responsabilidades políticas, especialmente después de que Transelec revelara que, en octubre de 2024, había informado al Ministerio de Energía sobre cobros indebidos en las tarifas eléctricas.
Ayer el exsecretario de Estado entregó el informe con su defensa a la comisión que revisa la acusación constitucional en su contra. En el documento, de 121 páginas, Pardow indicó que no comunicó la situación en esa oportunidad ya que quería evitar una “alarma” en la ciudadanía y además señaló que el libelo “no cumple con los requisitos mínimos” para ser aprobado.
La defensa de Pardow
La exautoridad indicó que, ante la falta de información clara sobre la magnitud del error, cualquier comunicación pública temprana podría haber generado alarma en la ciudadanía.
“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, aseveró Pardow en el texto.
En ese sentido, aseguró que “haber comunicado públicamente los hechos, no solo habría significado que este exministro hubiera intervenido en dicho procedimiento indebidamente e introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como un instrumento de hostigamiento para presionar en contra de sus intereses en la correcta valoración de los activos”.
En tanto, manifestó “el libelo acusatorio no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la propia Constitución Política de le República para que la acusación se tenga por presentada”.
Esto, ya que según mencionó, “(i) la acusación no encuentra asidero en las causales taxativamente previstas en la Constitución Política; (ii) no satisface los estándares mínimos de fundamentación necesarios; (iii) no me imputa responsabilidad por hechos propios y; (iv) la acusación no respeta el carácter de ultima ratio que debe de tener toda acusación constitucional”.
Las reacciones del oficialismo
Desde el oficialismo, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), presidente de la comisión que revisa la acusación constitucional, aseveró que tras “una lectura rápida, no hay grandes sorpresas. Hay una línea argumentativa parecida a la que se ha dado a conocer públicamente, a la que señalaron algunas personas que fueron a la comisión, sobre que no tendría atribuciones”.
No obstante lo anterior, reconoció que “lo que me llama la atención es esa de no generar alarma pública, a propósito de la autodenuncia de Transelec, pero eso tenemos que analizarlo en su mérito y con tranquilidad en el fondo en los próximos días”
El jefe de la bancada PPD-independientes, Héctor Ulloa estableció que “desde un principio se debió actuar de cara al país, en un tema que afectaba directamente el bolsillo de las personas. Claramente fue una mala decisión por parte del exministro Pardow, no comunicar a la ciudadanía que se estaba cobrando un sobreprecio en las cuentas de la luz”.
“Pardow argumenta que no se entregó esta información para no alarmar a las personas, sin embargo, generó el efecto contrario, ya que la gente se sintió engañada, tuvo que renunciar a su cargo y se presentó una acusación constitucional en su contra”, agregó.
Desde la misma bancada, la diputada Camila Musante calificó como “débil” la defensa del exministro. “Dice que no transparentó toda la información respecto de los excesivos y abusivos cobros de la luz para no generar alarma, pero el desastre, los abusos y el terror en los bolsillos de las familias chilenas, lo provocó igual”, sostuvo.
Por el contrario, planteó que “mejor hubiese transparentado toda la información y así hubiésemos tomado las medidas correspondientes desde el Congreso Nacional para evitar el terror que viven hoy las familias chilenas pagando las cuentas de la luz de más de un millón de pesos”.
La respuesta de la oposición
Desde la oposición también salieron voces a criticar la defensa del exministro.
El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, indicó que Pardow “deja en evidencia con sus declaraciones que lo argumentado en la acusación constitucional es cierto, que tenía información, no se la dio a conocer a los chilenos y por lo tanto el notable abandono de deberes se configura nítidamente”.
“Nosotros esperamos que cuando se vote la acusación constitucional los colegas del oficialismo voten haciendo una defensa de los ciudadanos y no una defensa corporativa a un ministro que actuó negligentemente y con dolo“, añadió.
El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma mencionó que la justificación fue “insólita”. En ese contexto, comentó que “el supuesto compromiso del gobierno con la transparencia y la probidad queda seriamente en entredicho”.
“Es absolutamente insostenible argumentar que para no generar una alarma en la ciudadanía ni comprometer el interés nacional no se entregó oportunamente esta información, sobre todo si comprometía directamente el bolsillo de millones de chilenos. Aquí hay un actuar completamente negligente por parte del exministro, que se confirma aún más con la inaudita explicación que entregó”, sumó.
Siguiendo la línea, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, sostuvo que “la defensa presentada por Diego Pardow resulta poco convincente y evidencia una falta de compromiso con la verdad y con la transparencia”.
“La acusación constitucional en su contra está plenamente justificada y es importante que se lleve a cabo este proceso para determinar su responsabilidad y negligencia. El hecho de que Pardow haya cuestionado tanto la forma como el fondo de la acusación constitucional, sostiene una actitud evasiva y poco dispuesta a reconocer sus propios errores”, concluyó.