Megatoma de San Antonio: los antecedentes de la expropiación de 100 hectáreas que el gobierno llevará adelante
El anuncio del Ejecutivo ocurre a dos días del plazo judicial para desalojar las 215 hectáreas ocupadas. La medida, que fija un pago de 0,23 UF por metro cuadrado, busca habilitar un proyecto habitacional para más de 10 mil personas mientras continúa el proceso de desalojo en las zonas no expropiadas.
El conflicto por la megatoma de Cerro Centinela, en San Antonio, llegó a un punto decisivo luego de que el Gobierno anunciara la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas desde hace seis años.
La decisión, comunicada en La Moneda por los ministros Carlos Montes, Camila Vallejo y Álvaro Elizalde, busca viabilizar un proyecto habitacional para más de 10 mil personas y enfrentar el inminente desalojo ordenado por la justicia.
Los antecedentes del caso
El proceso judicial comenzó en 2023, cuando la Corte de Apelaciones acogió un recurso de los propietarios, la Constructora Inmobiliaria San Antonio, y ordenó el desalojo, resolución ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024.
Debido al escaso avance en su cumplimiento, el tribunal fijó el 5 de noviembre un plazo de 30 días para despejar las 215 hectáreas, e instruyó a distintos ministerios y al municipio, habilitar albergues temporales. El vencimiento de dicho plazo, este 4 de diciembre, aceleró el anuncio gubernamental.
La expropiación y el conflicto por el valor del suelo
La expropiación tendrá un costo estimado de $11 mil millones, equivalente a 0,23 UF por metro cuadrado. Este valor ha sido objeto de disputa. Los propietarios argumentan que presentaron dos tasaciones, de 1 UF y 0,8 UF por m², y que, pese a haber rebajado su oferta a 0,40 UF, el gobierno mantuvo una propuesta de 0,22 UF, muy inferior al mercado.
El Ejecutivo, en cambio, sostiene que el precio solicitado estaba sobrevalorado y que la expropiación se ajusta al marco legal utilizado habitualmente en políticas habitacionales.
Desalojos pendientes y el proceso habitacional en Cerro Centinela
Aunque la expropiación permitirá trasladar a las familias hacia un proyecto definitivo en el lote 1-A, el desalojo igualmente deberá ejecutarse en las zonas no adquiridas por el Estado.
El Gobierno presentará un plan de acción que incluirá operativos, plazos y albergues temporales. El municipio enfatizó que no lidera el desalojo, que corresponde al propietario con apoyo de la fuerza pública, pero habilitó el gimnasio del Colegio España para emergencias.
Con más de 4.100 hogares organizados en cooperativas, Cerro Centinela se convirtió en el asentamiento informal más grande del país. La expropiación de 100 hectáreas abre una salida habitacional, mientras el proceso judicial continúa marcando los tiempos de intervención estatal.