Explotación sexual infantil en aumento: más de 2.000 víctimas identificadas y crecimiento sostenido en delitos digitales y presenciale
La Defensoría de la Niñez alerta un incremento crítico de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes entre 2022 y 2024, con cifras que revelan una expansión del delito tanto en entornos digitales como presenciales y una fuerte concentración de víctimas adolescentes mujeres.
La explotación sexual infantil en Chile muestra un aumento alarmante según el informe Estar Protegidos 2025, elaborado por la Defensoría de la Niñez.
Entre 2022 y 2023 se identificaron 2.184 víctimas de explotación sexual en sus distintas manifestaciones, tanto físicas como digitales, de las cuales el 86% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.
De ese total, 1.024 casos se vinculan directamente con explotación sexual y facilitación del delito, lo que confirma un escenario en expansión.
Alza sostenida de la explotación sexual infantil preocupa a la Defensoría de la Niñez
El fenómeno presenta marcadas diferencias territoriales. Las regiones de Magallanes, Arica y Parinacota, Los Ríos, Los Lagos y Valparaíso registran las tasas más altas de victimización, configurándose como zonas críticas donde la acción preventiva y la persecución penal resultan urgentes.
A nivel digital, los delitos asociados a explotación sexual infantil aumentaron 45,1% entre 2022 y 2024, siendo la adquisición y almacenamiento de material abusivo el tipo más frecuente, con un crecimiento del 62%. En paralelo, los delitos presenciales también experimentaron un fuerte incremento: de 777 casos en 2023 a 1.317 en 2024, lo que equivale a un alza del 69,5%, evidenciando que el fenómeno avanza en múltiples frentes.
Avances judiciales y desafíos pendientes en la protección frente a la explotación sexual infantil
El informe también destaca que las denuncias provenientes de proyectos del Servicio de Protección Especializada alcanzaron 619 víctimas en 2023, con especial incidencia en contextos de cuidado residencial, donde muchos niños y adolescentes se encuentran bajo medidas de protección del Estado.
Pese al preocupante aumento de delitos, se observa un avance en la respuesta penal: entre 2022 y 2024, las formalizaciones crecieron un 56,1%, mientras que los términos judiciales—incluidas sentencias condenatorias—subieron un 116%. No obstante, la Defensoría advierte que el país requiere medidas más robustas, prevención especializada y mecanismos de protección que eviten la revictimización.
La institución subraya que la explotación sexual infantil constituye una problemática estructural en expansión, impulsada en gran parte por la criminalidad organizada y los riesgos propios de los entornos digitales, lo que demanda una respuesta estatal coordinada y urgente.