Diputados UDI piden a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra el juez Daniel Urrutia
Los parlamentarios Henry Leal y Daniel Lilayu solicitaron al máximo tribunal evaluar la expulsión del magistrado, investigado por viajar fuera del país mientras estaba con licencia médica. El caso se suma a antecedentes disciplinarios previos.
El jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, junto al diputado Daniel Lilayu, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, solicitaron formalmente a la Corte Suprema abrir un cuaderno de remoción en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.
Nueva solicitud de sanciones contra el magistrado
La petición surge luego de que se revelara que el magistrado es parte de un grupo de funcionarios investigados por realizar viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica.
La situación se originó tras una indagatoria desarrollada por la Contraloría General de la República, que identificó a 571 trabajadores del Poder Judicial, entre ellos 84 jueces, que habrían salido del país pese a encontrarse con permisos médicos vigentes.
Sumario por viajes en licencia médica y petición de sanciones máximas
En el caso particular de Urrutia, la Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario administrativo a mediados de año, asociado a dos viajes hechos en enero de 2020 y octubre de 2022.
Ante estos antecedentes, Leal y Lilayu insistieron en que el máximo tribunal debe aplicar “las máximas sanciones”, argumentando que la ciudadanía exige señales claras respecto al fin de eventuales privilegios dentro del Poder Judicial.
Ambos enfatizaron que, de acreditarse los hechos, podría configurarse un caso de gravedad suficiente para justificar la expulsión del magistrado.
Antecedentes disciplinarios y nueva acusación por abuso de la fe pública
El juez Urrutia ya había enfrentado medidas disciplinarias cuando la Corte Suprema lo sancionó por autoasignarse una causa vinculada al estallido social, en la que ordenó la liberación de 13 imputados de la llamada “primera línea”.
Para los diputados, este nuevo episodio supera debates jurídicos y constituye un posible “abuso a la fe pública”, al involucrar el uso irregular de licencias médicas por parte de un funcionario judicial.