Acuerdo de reajuste del sector público desata polémica por normas que restringen despidos antes del cambio de gobierno
El pacto entre el gobierno y parte de los gremios fijó un alza total de 3,4% para los funcionarios públicos, pero incorporó disposiciones sobre contratas y regulación de asesores que desataron críticas de la oposición por su impacto en la gestión del próximo gobierno.
El acuerdo de reajuste salarial del sector público alcanzado entre el Gobierno y parte de la mesa de trabajadores no solo fijó un incremento de 3,4%, sino que abrió una fuerte controversia política al incorporar normas sobre estabilidad laboral que afectarían la capacidad del próximo gobierno para desvincular funcionarios.
El reajuste, respaldado por 10 de 16 organizaciones sindicales, se aplicará en dos etapas: 2% desde diciembre de 2025 y 1,4% a partir de junio de 2026, lo que, para quienes han criticado el acuerdo, es aumento real nulo, dado que la inflación acumulada en doce meses alcanzó el mismo 3,4%.
Reajuste del sector público incorpora normas de estabilidad laboral y abre fuerte controversia política antes del cambio de gobierno
También se reajustan en ese porcentaje los aguinaldos y bonos asociados, mientras que las remuneraciones mínimas legales subirán 5%.
Sin embargo, el foco del debate se trasladó rápidamente a las disposiciones laborales incluidas en el protocolo.
El acuerdo establece que la no renovación de contratas o su modificación deberá realizarse únicamente mediante un acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables, descartando la invocación genérica de “necesidades del servicio”.
Además, los funcionarios con dos años o más de servicio continuo podrán reclamar ante la Contraloría General de la República por vicios de legalidad asociados a su desvinculación o renovación en condiciones distintas.
La Contraloría solo podrá abstenerse de pronunciarse si existen acciones judiciales en curso por los mismos hechos.
Regulación de asesores genera rechazo de la oposición
El texto también incorpora el compromiso de regular al personal de asesoría directa de altas autoridades, incluyendo gabinetes del Presidente, ministros y jefes superiores de servicio, abordando modalidades de contratación, causales de cese, límites de número y remuneraciones, e inhabilidades.
Estas normas generaron el rechazo inmediato de parlamentarios de oposición, quienes acusaron al Ejecutivo de exceder el objetivo de una ley de reajuste e intentar condicionar la gestión del próximo gobierno.
Desde ese sector advierten que las disposiciones podrían traducirse en restricciones inéditas a la facultad de administración del Estado, en un contexto de transición política.