Contraloría enciende las alertas: 73 organismos públicos no pudieron validar sus cuentas y $15,9 billones quedan bajo duda
Auditorías realizadas entre 2020 y 2024 terminaron en abstención de opinión en el 100% de los casos, debido a graves falencias contables, debilidades en los controles internos y problemas en sistemas informáticos.
La Contraloría General de la República encendió una señal de alerta sobre la gestión financiera del Estado tras publicar su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA).
El informe reveló que 73 entidades públicas auditadas entre 2020 y 2024 no contaron con evidencia suficiente para validar sus estados financieros, lo que llevó a que en el 100% de los casos se emitiera una abstención de opinión.
Controles débiles, registros inconsistentes y fallas tecnológicas marcan las auditorías
Según explicó el organismo fiscalizador, los auditores no lograron confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas debido a debilidades estructurales en los controles internos, inconsistencias en los registros contables y la ausencia de análisis que respaldaran los saldos informados. A ello se sumaron fallas en los sistemas informáticos y deficiencias en la gestión de recursos.
Del total de entidades revisadas, 50 corresponden al gobierno central y 23 al sector municipal. En todos los casos se repitieron problemas como controles inexistentes o débiles, registros contables no conciliados y falencias en los controles generales de tecnología de la información, lo que impidió asegurar la confiabilidad de la información financiera.
$15,9 billones en observación y decenas de acciones disciplinarias por riesgos a la transparencia
El impacto no es menor. La Contraloría estimó que los recursos involucrados ascienden a $15,9 billones, de los cuales el 91% corresponde al gobierno central y el 9% a municipios.
Como consecuencia de estos hallazgos, el organismo dispuso 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a otras instituciones, entre ellas el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
Desde la Contraloría advirtieron que este escenario refleja riesgos significativos para la transparencia, la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas, afectando directamente la confianza pública en las instituciones del Estado.