Abogado republicano presenta querella criminal por operación de madre de la ministra de Salud en hospital público
El abogado Raimundo Palamara presentó una querella criminal por eventuales irregularidades en la cirugía de la madre de la ministra Ximena Aguilera en el Hospital del Salvador, solicitando que la Fiscalía investigue un posible trato preferencial
La polémica por la operación a la madre de la ministra de Salud sumó un nuevo capítulo judicial. La noche del 1 de enero, el abogado Raimundo Palamara presentó una querella criminal ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de los cuestionamientos surgidos por la intervención quirúrgica realizada en el Hospital del Salvador.
Los fundamentos de la acción penal
La acción penal apunta contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera; funcionarios y autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital del Salvador; y también contra el Presidente de la República, por una eventual omisión de denuncia.
En el escrito, el abogado solicita que se investiguen posibles delitos de tráfico de influencias, abuso contra particulares, abuso de funciones, fraude al Fisco, negación arbitraria de prestaciones públicas y omisión de denuncia.
Según el querellante, los hechos expuestos revisten gravedad penal y administrativa, en tanto podrían constituir un uso indebido de recursos públicos y una vulneración al principio de igualdad en el acceso a la salud.
El procedimiento cuestionado en el Hospital del Salvador
De acuerdo con la querella, la madre de la secretaria de Estado fue intervenida por una fractura de cadera en un plazo aproximado de 10 horas desde su ingreso al recinto asistencial, mediante un procedimiento denominado “fast track”.
Según se argumenta, este tipo de atención no sería la regla general para este tipo de cirugías en la red pública de salud.
El libelo sostiene que, para concretar la intervención, se habrían alterado listas de espera quirúrgicas, postergado cirugías previamente programadas y acelerado u omitido trámites administrativos y clínicos que sí se exigirían a otros pacientes, sin que exista constancia pública de una condición clínica excepcional que justificara el trato diferenciado.
El escrito también menciona que, en el mismo contexto, un paciente cuya cirugía habría sido postergada falleció días después en el hospital.
El abogado aclara que no se establece una relación causal directa entre ambos hechos, pero plantea que esta situación incrementa la relevancia penal y administrativa de los antecedentes expuestos.
Diligencias solicitadas y eventual conflicto de interés
Otro de los ejes de la querella es el eventual conflicto de interés, dado que la beneficiaria del procedimiento sería familiar directo de la máxima autoridad sanitaria del país, quien ejerce funciones de supervigilancia y dirección sobre el sistema hospitalario público.
Según el planteamiento del abogado, esta circunstancia exigía medidas de abstención, transparencia reforzada y una denuncia oportuna de los hechos.
Las diligencias solicitadas a la Fiscalía
Finalmente, Palamara solicitó que, una vez declarada admisible la querella y derivada a la Fiscalía, se cite a declarar a la ministra de Salud, al director del Hospital del Salvador y a las jefaturas clínicas involucradas.
Además, pidió que se requieran los protocolos de priorización quirúrgica, las listas de espera antes y después de los hechos, los registros clínicos de la paciente y las comunicaciones internas emitidas desde el Ministerio de Salud vinculadas al caso.