Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, por caso Vivanco: “Hay una contaminación de desconfianza en el Poder Judicial”
Ramiro Mendoza advirtió una fisura profunda en el Estado de Derecho tras los casos que involucran a abogados y exministros de la Suprema, y apunta a una crisis estructural en la formación y control ético de la profesión.
El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, abordó en Pauta de Análisis el impacto institucional de las investigaciones que rodean a la exministra Ángela Vivanco y al abogado Luis Hermosilla. A su juicio, más allá de las responsabilidades penales individuales, lo que está en juego es la confianza en la administración de justicia.
Una crisis que erosiona la confianza pública
“Lo que fractura en realidad es el Estado de Derecho”, afirmó Mendoza al describir el efecto de las revelaciones conocidas en las últimas semanas. Según explicó, el daño no se limita a los eventuales beneficios económicos obtenidos de manera irregular, sino a la duda que se instala sobre el funcionamiento mismo del sistema judicial.
En esa línea, advirtió que “había una apariencia de funcionamiento del Estado de Derecho”, que hoy se ve severamente cuestionada. A su juicio, una de las aristas más complicadas del problema es que hay muchas personas “que no tienen certeza de que su sentencia fue la correcta”, señaló en alusión a la sospecha transversal sobre fallos dictados en el pasado.
Ese escenario deriva, sostuvo, en “una contaminación social de desconfianza respecto al Poder Judicial”, una situación que golpea la legitimidad de una de las instituciones clave para el funcionamiento del Estado de Derecho y cuyo efecto puede extenderse por años.
Formación de abogados bajo la lupa
Mendoza planteó que esta crisis también obliga a mirar un aspecto estructural largamente postergado. “Por primera vez nos estamos haciendo las preguntas correctas respecto a la formación de los abogados”, advirtió en alusión al alto número de egresados y a la proliferación de facultades de Derecho.
Recordó que la profesión jurídica tiene una particularidad institucional: el título profesional no lo otorgan las universidades, sino la Corte Suprema, que tiene atribuciones para verificar la idoneidad de quienes ejercerán. A su juicio, ese rol debiera fortalecerse e incorporar evaluaciones más estrictas, especialmente en el plano ético.
El presidente del Colegio de Abogados sostuvo que avanzar en esa dirección será doloroso, pero necesario para restablecer estándares y prevenir nuevas crisis.
Sanciones y responsabilidades
Finalmente, Mendoza subrayó que los actos de corrupción, sean cohecho o tráfico de influencias para nombramientos, son igualmente graves y deben ser sancionados con rigor. Al respecto, nombró casos como el del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y el exdirector de PDI, que recibieron altas condenas por delitos de probidad.
En ese sentido, destacó que las condenas recientes muestran que los tribunales están aplicando sanciones rigurosas para este tipo de conductas. Relevó que, más allá de los cuestionamientos, la institucionalidad funciona tanto como para perseguir penalmente a exsupremos y dar ese tipo de sentencias, un elemento clave, declaró, para comenzar a reconstruir la confianza perdida.