Chile mantiene su lugar: la corrupción en las Américas agrava violencia y deteriora derechos, según Índice de Percepción de la Corrupción 2025
El informe regional de Transparencia Internacional asocia altos niveles de corrupción con debilitamiento democrático, inseguridad ciudadana y servicios públicos precarizados en América Latina y el Caribe.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional revela que las Américas siguen sin avances significativos en la lucha contra la corrupción, con un promedio de 42 puntos sobre 100 —en una escala donde 0 indica alta percepción de corrupción y 100 mínima corrupción percibida— y una mayoría de países mostrando retrocesos o estancamiento.
La posición de Chile
Con un registro de 63 puntos en la escala de 100, Chile se ubica en la posición 31, el mismo lugar que tuvo en 2024. Cuando comenzó la medición en 1995, el país estaba en la posición 14. Hace 5 años, en 2021, Chile se ubicó en el lugar 27, con un puntaje de 67 sobre 100.
El top ten
El ranking está liderado por Dinamarca, que cae de 90 a 89 puntos. En segundo lugar está Finlandia (88 puntos), seguido por Singapur (84), Nueva Zelanda y Noruega (81 puntos ambos). La tabla continúa con Suecia y Suiza (80 puntos), Luxemburgo (78), Holanda (78), Alemania e Islandia (ambos con 77 puntos).
Líder en América
Con 75 puntos sobre 100, Canadá es el primer país americano en el listado. Con este puntaje se ubica en la posición 16.
En segundo lugar entre los países del continente está Uruguay. Con 73 puntos sobre 100, está justo después de Canadá, en la posición 17.
Estados Unidos, en tanto, se posiciona en el lugar 29 con un puntaje de 64 sobre 100.
Un obstáculo para la vida cotidiana y la seguridad
El informe, presentado este 10 de febrero de 2026, subraya que la corrupción pública no es un fenómeno abstracto ni distante de la vida de las personas; por el contrario, está estrechamente vinculada con el aumento de la violencia, la influencia del crimen organizado y la erosión de derechos fundamentales. Años de inacción gubernamental y debilitamiento institucional han permitido que redes de corrupción y crimen transnacional se infiltren en la política, socavando servicios públicos esenciales.
En países como México, Brasil y Colombia, el análisis vincula estructuras corruptas con impunidad y fallas en la provisión de justicia. Aunque algunas democracias de la región —como Costa Rica y Uruguay— presentan puntuaciones comparativamente más altas, incluso estos países enfrentan desafíos vinculados a violencia y crimen organizado que el informe asocia a déficit de transparencia y rendición de cuentas.
Disparidades regionales y ejemplos extremos
El IPC 2025 clasifica 182 países y territorios según percepciones de corrupción en el sector público, basándose en datos de 13 fuentes independientes. Dentro de las Américas:
- Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68) lideran la región con relativamente mejores puntuaciones, aunque aún reflejan desafíos que el informe considera estructurales.
- En el extremo opuesto, Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) se mantienen entre los países con percepciones más altas de corrupción, asociado a estados con instituciones cooptadas o sistemas democráticos muy debilitados.
El estudio menciona casos concretos que ilustran los efectos materiales de la corrupción: en Perú, investigaciones por presuntos sobornos en un programa de alimentación escolar ponen en riesgo controles sanitarios básicos; en Argentina, indagaciones sobre la gestión de fondos para medicamentos evidencian cómo la corrupción puede afectar servicios dirigidos a grupos vulnerables.
Instituciones cívicas y agenda pública
Entre los factores que el informe identifica como clave para revertir estas tendencias están fortalecer la independencia del poder judicial, proteger las libertades civiles y garantizar la transparencia en la contratación pública. También insiste en que los gobiernos prioricen la lucha contra la corrupción en sus agendas políticas, así como en la cooperación internacional para investigar y sancionar delitos transnacionales.
El documento advierte que la limitada protección del espacio cívico —marcada por restricciones a las organizaciones de la sociedad civil y presiones sobre medios independientes— debilita la supervisión pública y limita la rendición de cuentas.