Irregularidades en recursos por megaincendio: Ripamonti justifica gestión por “urgencia”
La alcaldesa de Viña del Mar insistió en que la prioridad fue asistir de inmediato a miles de familias que lo perdieron todo tras el megaincendio de 2024, mientras diversas voces critican las irregularidades detectadas.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión municipal tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el uso de recursos públicos para apoyar a damnificados del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024.
Ripamonti apeló a la urgencia de la emergencia y aseguró que no se podía dejar de entregar ayuda por falta de documentos, porque muchas personas habían perdido sus viviendas y sus identificaciones en el desastre.
La defensa y contextualización de Ripamonti
La alcaldesa afirmó que en la emergencia hubo más de 5 000 viviendas afectadas y más de 6 000 familias damnificadas, y que cerca del 30 % de la comuna se vio impactada, lo que, en su evaluación, exigió una respuesta inmediata sin exigir trámites burocráticos habituales.
Señaló que en las primeras horas y días posteriores al siniestro la entrega de agua, alimentos y materiales básicos fue prioritaria frente a la exigencia de un sistema registral perfecto, que consideró “insostenible” dada la magnitud de la crisis.
El golpe al oficialismo
La Contraloría liberó paralelamente otros cuatro informes que impactaron directamente a autoridades vinculadas al oficialismo.
Uno cuestionó el manejo de la tragedia por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces encabezada por Sofía González (PC), impugnando pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones.
Además, detectó eventuales sobreprecios de hasta 557% y uso injustificado del trato directo en contrataciones, antecedentes que fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado.
Otro informe objetó la respuesta de la municipalidad de Quilpué, liderada entonces por Valeria Melipillán (FA), representando irregularidades en ayudas y pagos improcedentes.
Asimismo, se cuestionó a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas por un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, además de pagos no acreditados por más de $782 millones en el sector El Olivar.
Reacciones políticas
Desde la oposición señalaron que los informes evidencian una “doble gravedad“, considerando la magnitud de la tragedia y las fallas en la reconstrucción.
El arquitecto Iván Poduje, próximo ministro de Vivienda, afirmó que “esta reconstrucción ha sido un desastre” y anunció que se harán parte de la investigación para llegar “hasta las últimas consecuencias” y clarificar el destino de los recursos.