¿Por qué la oposición quiere acusar constitucionalmente al ministro Grau?
Tras confirmarse un déficit estructural de 3,6% del PIB en 2025, por sobre la meta fiscal, la oposición evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por este incumplimiento.
La publicación del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) encendió el debate político.
El documento confirmó que, por tercer año consecutivo, el Gobierno no logró cumplir la meta fiscal comprometida en la Ley de Presupuestos.
Déficit fiscal reabre tensión política
El Ejecutivo había establecido un objetivo de déficit estructural de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025. Sin embargo, la cifra final alcanzó un 3,6% del PIB, equivalente a $12.028.692 millones.
Este resultado generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que atribuye la responsabilidad directa al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y a la conducción económica del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Argumentos de la oposición
Las bancadas de la UDI, RN, Partido Republicano y Demócratas se encuentran evaluando la presentación de una acusación constitucional contra el titular de Hacienda.
Desde esos sectores sostienen que el incumplimiento reiterado de las metas fiscales representa una falta grave en la administración de los recursos públicos y un daño a la estabilidad económica del país.
El diputado Luis Fernando Sánchez (Republicanos) afirmó en entrevista con radio Universo, que el mecanismo constitucional debe analizarse con responsabilidad. Si bien no descartó la acción, enfatizó que primero deben existir conversaciones formales entre las fuerzas políticas que integrarán el próximo oficialismo.
“Una acusación constitucional no es algo que se presente al voleo”, señaló, y destacó la necesidad de revisar los fundamentos jurídicos antes de avanzar.
Plazos para una AC y escenario político
La Constitución permite presentar una acusación constitucional contra un ministro hasta seis meses después de haber dejado el cargo, lo que otorgaría margen a la actual oposición para evaluar un eventual libelo hasta septiembre.
Más allá del debate técnico sobre las cifras, el tema se ha instalado como un nuevo foco de tensión política en medio de cuestionamientos a la gestión económica del Gobierno.
La decisión final dependerá de los acuerdos internos entre las bancadas opositoras y de la solidez de los argumentos que logren articular en las próximas semanas.