Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y Rodríguez pide aplicarla con rapidez
La normativa, respaldada de forma transversal en la Asamblea Nacional, busca cerrar ciclos de confrontación política y facilitar la liberación de personas procesadas por hechos vinculados a protestas y crisis institucionales.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía considerada histórica, orientada a beneficiar a personas condenadas o procesadas en distintos episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y promulgada de inmediato, con el objetivo de abrir un nuevo escenario político y fomentar la convivencia democrática.
La legislación contempla hechos vinculados al golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de ese mismo año y protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. También incluye otros eventos asociados a confrontaciones políticas, sociales o institucionales durante ese periodo.
Alcance y exclusiones de la medida
El texto establece amnistía para ciudadanos investigados o condenados por delitos considerados de carácter político, relacionados con manifestaciones, protestas y procesos electorales.
Sin embargo, quedan fuera de la medida quienes hayan participado en acciones armadas o violentas, así como aquellos condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Desde el Ejecutivo, las autoridades sostienen que la iniciativa busca reparar las consecuencias de décadas de confrontación política.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, llamó a aplicar la normativa con “máxima celeridad“, subrayando la importancia del perdón como base de la estabilidad institucional.
Expectativas y reacciones
Organizaciones de derechos humanos han recibido la medida con cautela. Aunque valoran la posibilidad de liberar a detenidos, advierten que persisten dudas sobre su implementación y el alcance real de la ley.
Según registros de ONG, más de 600 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos antes de su aprobación.