Ministerio Público inaugura Fiscalía Supraterritorial para enfrentar crimen organizado transnacional
La nueva unidad, liderada por Miguel Ángel Orellana, busca coordinar investigaciones complejas y aliviar la carga de las fiscalías regionales mediante un enfoque estratégico y reservado.
En una ceremonia encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, el Ministerio Público puso en marcha la nueva Fiscalía Supraterritorial e invistió a Miguel Ángel Orellana como su primer fiscal jefe, dando inicio a un cambio en la forma de enfrentar el crimen organizado en Chile.
Fiscalía Supraterritorial marca nuevo enfoque en la persecución del crimen organizado
La nueva unidad surge como respuesta a una criminalidad cada vez más sofisticada, violenta y con capacidad de operar a nivel interregional e internacional. Su diseño apunta a investigar fenómenos delictivos complejos desde una lógica estratégica, basada en el análisis de patrones y no solo de casos aislados.
“Este momento es un momento muy importante para nosotros. Hay un cambio de lógica en la investigación y persecución penal de delitos de criminalidad organizada”, afirmó Orellana, quien destacó el énfasis en delitos de carácter transnacional.
Nueva estructura para delitos de alta complejidad
Las investigaciones tendrán carácter reservado desde su inicio y serán abordadas por equipos multidisciplinarios, con un fuerte componente de análisis criminal e inteligencia. Además, se reforzará la coordinación con policías, organismos públicos y entidades internacionales.
Desde el Ministerio Público subrayaron que esta fiscalía permitirá dirigir causas complejas con mayor eficiencia, fortaleciendo el uso de inteligencia y la articulación institucional. Asimismo, se aclaró que no reemplaza a las fiscalías regionales, sino que las complementa.
Los casos podrán ser asignados por el fiscal nacional, atraídos por la propia unidad o derivados desde fiscalías regionales.
Con su implementación, se busca mejorar la persecución penal, apoyar a las fiscalías locales y fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.