Hacienda aplica recorte de $32 mil millones a Desarrollo Social y tensiona el gasto en programas clave
Un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aplicó un ajuste presupuestario que impacta directamente a servicios y políticas orientadas a infancia, juventud y pueblos indígenas, en medio del debate por la “descontinuación” de programas.
Un recorte de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia reconfiguró el mapa del gasto social para 2026.
La decisión, formalizada mediante decreto, introduce una disminución de recursos en instituciones clave del sistema de protección, con efectos directos en programas dirigidos a población vulnerable.
Ajuste fiscal impacta áreas sensibles y activa críticas por su alcance
Entre los organismos más afectados aparece el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con una reducción superior a los $12 mil millones.
Le siguen la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Instituto Nacional de la Juventud y la Subsecretaría de la Niñez, además de ajustes en Senadis y Senama.
A esto se suma la baja de financiamiento en iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como “ajuar”.
Recorte se cruza con polémica por “descontinuación” de programas y tensiona el debate fiscal
El ajuste se conoce en un momento políticamente sensible, marcado por la controversia generada tras la recomendación de la Dirección de Presupuestos de revisar y eventualmente descontinuar decenas de programas estatales.
En ese contexto, la reducción de recursos refuerza las alertas sobre una eventual reorientación del gasto público, pese a que desde el Ejecutivo han insistido en que no habrá eliminación de beneficios esenciales.
Desde el Gobierno, el concepto de “descontinuar” ha sido defendido como una herramienta técnica para rediseñar políticas públicas y mejorar su eficiencia. Sin embargo, la medida encontró resistencia en el sector público.
ANEF cuestiona legalidad del recorte y advierte impacto en servicios esenciales
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) advirtió que el recorte afecta la ejecución presupuestaria de servicios esenciales y compromete su capacidad operativa.
El gremio también cuestionó el mecanismo utilizado, señalando que reducir financiamiento aprobado por ley mediante decreto podría abrir un flanco jurídico y político, al tensionar el rol del Congreso en materia presupuestaria.
Con este escenario, el debate se traslada ahora al equilibrio entre disciplina fiscal y protección social, en un contexto donde las decisiones presupuestarias comienzan a marcar la agenda política del año.