Revés para De Grange: Contraloría frena modificaciones al reglamento de la Ley Uber
El organismo fiscalizador rechazó una propuesta del Ministerio de Transportes que buscaba flexibilizar requisitos técnicos para vehículos de taxis y aplicaciones. La Contraloría advirtió que los cambios carecen de fundamentos suficientes y podrían afectar los estándares del servicio.
Un revés sufrió el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, luego de que la Contraloría General de la República rechazara una serie de cambios reglamentarios vinculados a la implementación de la llamada Ley Uber.
Contraloría pone freno a cambios impulsados por Transportes para el sector de aplicaciones y taxis
La decisión impide que entre en vigencia una propuesta elaborada por el Ministerio de Transportes que modificaba normas aplicables a los servicios de taxi. Según el organismo fiscalizador, el decreto carece de antecedentes técnicos, jurídicos y fácticos que permitan justificar las medidas planteadas.
Entre los cambios observados figuraban modificaciones a requisitos como la antigüedad máxima de los vehículos, las condiciones para su primera inscripción y la cilindrada mínima exigida para operar.
Además, Contraloría cuestionó que la iniciativa no hubiera sido sometida a consulta pública, pese al impacto que tendría sobre un sector regulado del transporte de pasajeros.
Organismo advierte impacto en la calidad del servicio
En su pronunciamiento, el ente encabezado por Dorothy Pérez sostuvo que las medidas propuestas reducen exigencias actualmente vigentes para los vehículos que prestan servicios de transporte remunerado.
Por ello, señaló que cualquier decisión que implique una rebaja de estándares debe estar respaldada por fundamentos debidamente acreditados, especialmente cuando puede afectar la calidad del servicio que reciben los usuarios.
Junto con rechazar el decreto, Contraloría solicitó al ministerio precisar el plazo con que contarán los taxis básicos, ejecutivos y de turismo para informar su adscripción a empresas de aplicaciones de transporte.
Con esta resolución, el Gobierno deberá reformular la propuesta o presentar nuevos antecedentes si busca retomar la tramitación de los cambios.