El Tribunal Constitucional declaró admisibles los requerimientos presentados por diputados y senadores de oposición contra cuatro disposiciones de la ley. El análisis ahora se centrará en determinar si las normas se ajustan a la Constitución.
La controversia en torno a la ley Escuelas Protegidas salió del Congreso y se instaló en el Tribunal Constitucional. Parlamentarios del oficialismo y de sectores de centroizquierda consiguieron que el organismo acogiera a trámite los requerimientos presentados contra parte del proyecto impulsado por el Gobierno para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.
La disputa por Escuelas Protegidas se traslada al Tribunal Constitucional
La decisión abre una nueva etapa en la discusión de una iniciativa que durante su tramitación generó fuertes diferencias entre el Ejecutivo y la oposición. Mientras el Gobierno defendió las medidas como herramientas para enfrentar hechos de violencia al interior de los colegios, sus detractores advirtieron eventuales vulneraciones a derechos fundamentales de estudiantes.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran las facultades para revisar mochilas y pertenencias, la posibilidad de controles policiales dentro de los establecimientos educacionales y las restricciones para acceder a la gratuidad en educación superior en determinados casos.
El TC deberá definir el futuro de las normas cuestionadas
Desde el Ministerio de Educación recalcaron que la resolución del TC corresponde únicamente a una etapa procesal y que no anticipa el resultado final del juicio constitucional. Pese a ello, la revisión del tribunal podría retrasar la entrada en vigencia de algunas de las disposiciones incluidas en la ley.
Ahora serán los ministros del TC quienes deberán resolver si las normas objetadas pueden mantenerse en el texto definitivo o si corresponde excluirlas por estimar que contravienen la Constitución.
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