Registro de Actos Vandálicos: ministro Rabat defiende proyecto y descarta vulneración de derechos
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que la propuesta busca fortalecer las herramientas de prevención y sanción frente a conductas que afectan la convivencia y el orden público.
A pocos días de haber ingresado al Congreso, el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades ya abrió un debate sobre sus alcances jurídicos.
Especialistas han advertido que algunas de sus disposiciones podrían enfrentar reparos constitucionales, una discusión que previsiblemente acompañará la tramitación de la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Gobierno defiende proyecto que crea registro para actos vandálicos e incivilidades
En ese contexto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó las críticas durante una entrevista en Radio Universo, donde defendió la propuesta y sostuvo que forma parte de una estrategia más amplia destinada a enfrentar fenómenos que generan deterioro en los espacios públicos y afectan la seguridad de las personas.
Según explicó la autoridad, el Ejecutivo busca combinar distintas herramientas para responder a estas conductas, incluyendo sanciones penales cuando corresponda, medidas administrativas y mecanismos orientados a la prevención.
A juicio del secretario de Estado, el debate no debe centrarse en interpretaciones que atribuyan un sesgo social al proyecto, ya que su finalidad apunta a reforzar la responsabilidad frente a actos que alteran la convivencia.
Proyecto establece consecuencias diferenciadas para delitos e incivilidades
Rabat también enfatizó que la iniciativa establece una diferencia entre quienes cometen delitos y quienes incurren en incivilidades. Mientras los primeros continuarán sujetos a las penas contempladas en la legislación vigente, las segundas tendrán consecuencias de carácter administrativo asociadas a la permanencia en el registro.
El ministro rechazó que la propuesta implique eliminar derechos sociales o beneficios ya adquiridos. En cambio, sostuvo que el proyecto contempla condiciones para acceder a determinados programas o prestaciones mientras una persona figure en el registro.
La iniciativa fue presentada como una de las principales apuestas del Gobierno en materia de orden público y, una vez concluida su discusión legislativa, deberá superar el control del Tribunal Constitucional antes de convertirse en ley.