Cámara respalda eliminar el lenguaje inclusivo del aparato público y reabre debate cultural
La Cámara aprobó una resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast dejar sin efecto las directrices que promueven el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. La iniciativa sumó apoyos más allá de la oposición.
La Cámara de Diputados dio luz verde a una resolución que insta al Gobierno a revertir las medidas que impulsan el lenguaje inclusivo en los servicios públicos.
La propuesta obtuvo 85 votos favorables, 53 rechazos y una abstención, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre la forma en que el Estado se comunica con la ciudadanía.
El texto plantea que el Ejecutivo instruya a los ministerios y reparticiones públicas a dejar sin efecto actos administrativos relacionados con el uso de fórmulas de lenguaje inclusivo.
Debate sobre el lenguaje inclusivo vuelve al centro de la discusión política
Además, solicita que se establezca el uso del castellano conforme a las normas gramaticales tradicionales en toda la administración estatal.
La iniciativa surgió desde la bancada de la UDI, cuyos parlamentarios cuestionaron las orientaciones difundidas durante el gobierno de Gabriel Boric. En particular, apuntaron a un instructivo publicado en 2022 que entregaba recomendaciones para incorporar expresiones inclusivas en las comunicaciones oficiales.
Aunque el proyecto fue impulsado por sectores de oposición, la votación mostró respaldos transversales. A los votos de Chile Vamos y Republicanos se sumaron apoyos provenientes de algunos diputados oficialistas, además de representantes del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente.
“Chao a la dictadura woke”
Tras conocerse el resultado, el diputado republicano Cristián Araya destacó la aprobación de la resolución a través de redes sociales. “Durante años se ha gastado dinero en hacer manuales de cómo hablar y comportarse. Esto se termina. ¡Chao a la dictadura woke!“, publicó en su cuenta.
El parlamentario sostuvo que durante años se destinaron recursos públicos a la elaboración de manuales sobre formas de expresión y comportamiento, afirmando que la decisión marca el término de esa política.
Pese a su aprobación, la resolución no tiene efectos vinculantes y corresponde a una solicitud política dirigida al Ejecutivo, que deberá definir si adopta o no las medidas planteadas por la Cámara.