Steinert pide a Contraloría revertir dictamen que cuestionó su actuar como ministra de Seguridad
La exministra presentó un recurso de reconsideración en el que sostiene que el organismo incurrió en errores de derecho, vulneró su derecho a defensa y fijó un criterio que, a su juicio, limita las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública.
La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, solicitó a la Contraloría General de la República que reconsidere el dictamen que concluyó que excedió sus atribuciones al requerir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).
El organismo también determinó que incumplió el deber de abstención al intervenir en un asunto vinculado a una investigación que ella encabezó cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
Steinert busca revertir el dictamen de la Contraloría
A través de un escrito presentado al organismo fiscalizador, Steinert pidió dejar sin efecto o modificar la resolución. Según argumentó, el pronunciamiento contiene errores en la interpretación de la normativa que regula las funciones del Ministerio de Seguridad Pública y establece un criterio que podría afectar el ejercicio de las facultades de esa cartera.
La exautoridad también sostuvo que la Contraloría emitió el dictamen sin otorgarle la posibilidad de presentar antecedentes antes de adoptar una decisión que cuestiona su actuación, por lo que afirmó que se vulneró su derecho a defensa y al debido proceso administrativo.
La defensa apunta al alcance de las atribuciones ministeriales
En su presentación, Steinert asegura que la interpretación realizada por la Contraloría restringe competencias que la ley entrega expresamente al Ministerio de Seguridad, particularmente en materia de requerimiento de información a las policías para cumplir labores de coordinación y supervisión.
El dictamen cuestionado surgió luego de que la exministra solicitara antecedentes sobre funcionarios de la PDI que participaron en una investigación que ella dirigió antes de asumir el cargo.
Para la Contraloría, esa petición excedió las atribuciones ministeriales y, además, debió haberse abstenido de intervenir debido a su vínculo previo con el caso.
Ahora será el propio organismo encabezado por la contralora el que deberá resolver si mantiene el criterio fijado en el dictamen o acoge la solicitud de reconsideración presentada por la exsecretaria de Estado.