De diputado a senador: por qué la Fiscalía debe desaforar nuevamente a Miguel Ángel Calisto
El Ministerio Público acusa al parlamentario de participar en un mecanismo de asesorías inexistentes que habría provocado un perjuicio fiscal superior a $103 millones. Aunque ya perdió su inmunidad como diputado, su llegada al Senado obliga a solicitar una nueva autorización judicial.
La Fiscalía de Aysén busca desaforar por segunda vez a Miguel Ángel Calisto para llevarlo a juicio por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. La nueva solicitud no responde a una investigación diferente, sino al cambio de cargo del parlamentario.
Calisto enfrenta un segundo proceso de desafuero tras llegar al Senado
Calisto perdió su fuero cuando ejercía como diputado, pero obtuvo una nueva inmunidad parlamentaria tras asumir como senador. Por esa razón, el Ministerio Público necesita que la justicia autorice otra vez la continuación del proceso penal en su contra.
La petición quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Los ministros de la Corte de Coyhaique se inhabilitaron porque participaron en etapas anteriores del caso.
Asesorías que, según la Fiscalía, nunca se realizaron
La acusación sostiene que Calisto se concertó entre 2018 y 2022 con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos de la Cámara de Diputadas y Diputados mediante contratos por asesorías parlamentarias.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Graf recibió pagos por trabajos que no ejecutó y parte del dinero fue transferida posteriormente al entonces diputado y a Cárcamo. El perjuicio atribuido al mecanismo alcanza los $103.664.697.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, calificó el sistema como una operación de “asesorías fantasmas” y una “caja pagadora”.
La investigación fue reabierta y volvió a cerrarse
La Fiscalía había presentado su acusación en junio, pero el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrir la causa para realizar diligencias solicitadas por la defensa.
Durante ese periodo declararon personas que trabajaban con Calisto en el Congreso, entre ellas su jefe de gabinete, su periodista, su secretaria y su chofer. Según la Fiscalía, ninguno pudo explicar cómo o cuándo se habrían prestado las asesorías investigadas.
Tras completar esas diligencias, el Ministerio Público cerró nuevamente la indagatoria y mantuvo su acusación contra ocho personas. En el caso de Calisto solicita 12 años de cárcel.
La Corte deberá establecer si existen antecedentes suficientes para retirar su fuero como senador. Esa decisión no determina su culpabilidad, pero permitiría avanzar hacia la preparación del juicio oral.