Ley de Seguridad Municipal: Gobierno retira de Contraloría el reglamento cuestionado por los alcaldes
La decisión se anunció en un punto de prensa junto a las asociaciones de municipios. El texto será corregido para despejar las dudas sobre una eventual salida del cargo de los jefes comunales.
El reglamento de la Ley de Seguridad Municipal será retirado de contraloría. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, informó este miércoles la decisión del Ejecutivo, en un punto de prensa que encabezó junto a representantes de las asociaciones de municipios del país.
La molestia de los alcaldes apuntaba a un solo punto del texto: la posibilidad de que un jefe comunal quedara expuesto a perder el cargo por no cumplir una obligación administrativa.
¿Qué decía el artículo 8 del reglamento?
La norma encargaba a cada municipalidad verificar los requisitos antes de designar al director de seguridad pública o de nombrar a los inspectores de seguridad municipal.
En caso de incumplimiento, el texto contemplaba una sanción administrativa según la ley 18.883 y agregaba que, respecto del alcalde, podía configurarse la causal de cese del cargo del artículo 60 de la ley 18.695, conocida como notable abandono de deberes.
¿Por qué reclamaron los alcaldes?
Los municipios plantearon que esa redacción los dejaba en una posición de riesgo desproporcionada y pidieron al Ejecutivo retirar el documento para corregirlo. La Asociación Chilena de Municipalidades sumó la petición de abrir un nuevo proceso de trabajo conjunto.
Varios jefes comunales cuestionaron que una materia de esta naturaleza se precisara por la vía reglamentaria y no por ley.
¿Qué dijo el Gobierno antes de retirar la Ley de Seguridad Municipal?
El martes el Ejecutivo defendió el texto. El biministro Claudio Alvarado sostuvo que el reglamento solo recordaba una regla ya vigente y que su incumplimiento “puede dar pie a una inhabilidad”, sin crear una causal nueva de destitución.
¿Qué viene ahora?
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, había abierto la puerta a modificar el reglamento si las observaciones lo justificaban, y esa fue la salida.
En el Gobierno insisten en que no hubo un error de fondo y que la nueva versión apunta a cerrar las interpretaciones diversas que generó la redacción original.