Gajardo por decisión de Rabat de seguir otorgando rebajas a condenados por delitos sexuales contra niños: “Yo, la verdad, eso no lo entiendo”
El exministro cuestionó el criterio de Fernando Rabat, explicó las diferencias con la administración de Gabriel Boric y aseguró que durante ese gobierno no se concedieron estas rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Gajardo cuestionó al ministro Fernando Rabat y rechazó que los fallos de la Corte Suprema obliguen al Ejecutivo a concederlas directamente. Precisó que las comisiones presentan propuestas: “Es el ministro o ministra de Justicia la que toma la decisión de conceder o no”.
El criterio de los gobiernos anteriores
Según explicó, desde la reforma de 2022, las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric rechazaron las solicitudes de condenados por los delitos sexuales excluidos por esa modificación. Defendió que la ley debía aplicarse desde su publicación por su naturaleza penitenciaria.
No todos recurrían después a los tribunales: “De hecho, al comienzo, no todos presentaban recursos de amparo”.
Explicó que los defensores identificaron esa vía para obtener las rebajas, mientras el ministerio defendía sus negativas, con fallos favorables en cortes de apelaciones y votos disidentes en la Suprema.
Cumplimiento de fallos y alcance de la jurisprudencia
Cuando esta ordenaba concederlas, debían cumplir: “Nosotros firmamos porque la Corte Suprema nos ordenaba cumplir los fallos”. “No teníamos ninguna otra alternativa”, añadió.
Sobre la jurisprudencia invocada por Rabat, señaló que las sentencias resuelven casos concretos y no constituyen precedentes vinculantes: “Usted nunca puede fundamentar una decisión gubernamental en una jurisprudencia individual”.
Su lectura de las declaraciones de Chevesich
Interpretó las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, como una aclaración de que no existe una doctrina que imponga esas decisiones.
“La Corte Suprema no tiene una doctrina en la materia”, afirmó Gajardo. A su juicio, también situaron la responsabilidad en el ministro.
Aseguró que durante el gobierno de Boric no se concedieron estas rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad: “En los cuatro años del gobierno anterior no se entregó ninguno, ningún beneficio de este tipo a criminales que hayan cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Ninguno”.
Los cuestionamientos a Rabat y el conocimiento de Kast
Gajardo explicó que, durante el gobierno de Boric, la Corte Suprema respaldó los rechazos del ministerio a las solicitudes de condenados por crímenes de lesa humanidad.
Por eso, cuestionó que Rabat invocara la jurisprudencia para conceder rebajas por delitos sexuales, pero no siguiera los fallos que respaldaban negarlas a responsables de violaciones a los derechos humanos: “¿Por qué usa la jurisprudencia a su antojo, por así decirlo?”.
Consultado sobre si el presidente José Antonio Kast conocía las rebajas, respondió: “Eso no lo sé”. Sin embargo, dijo que le costaba imaginar que se hubieran autorizado las 56 sin que alguien informara al mandatario o a su equipo de asesores del segundo piso.
Las víctimas y los cambios al sistema penitenciario
La exautoridad pidió que Rabat precise cuántos de los 56 condenados quedaron en libertad tras las rebajas y que las autoridades se comuniquen con las víctimas.
Explicó que reducir una condena no siempre implica salir de la cárcel, pues depende del tiempo que le reste cumplir a cada persona.
También rechazó que el gobierno anterior hubiera ignorado el problema. Aseguró que advirtieron al Congreso sobre el uso de recursos de amparo para obtener estas rebajas y que impulsaron un proyecto para crear tribunales especializados en el cumplimiento de penas.
Finalmente, consultado sobre la afirmación de que el Gobierno defiende a violadores de derechos humanos y abusadores sexuales de niños, Gajardo la calificó como “una afirmación muy fuerte”.
Sin embargo, cuestionó que Rabat anunciara que mantendría las rebajas de condenas de forma directa, en lugar de rechazarlas y defender esa decisión ante los tribunales, como hicieron las administraciones anteriores.
“Dice que va a seguir otorgando estos beneficios. Yo, la verdad, eso no lo entiendo. Y eso me da a entender de que la frase que usted señala, lamentablemente, pareciera ser que en los hechos se comprobaba”, sostuvo.