MOP y Nuevo Pudahuel cierran controversia por concesión del aeropuerto de Santiago
El Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez formalizaron el término del conflicto surgido tras la pandemia. El acuerdo, que cumple el fallo de la Comisión Arbitral, extiende la concesión por 36 meses, ajusta la distribución de ingresos y pone fin a las acciones judiciales en Chile y ante el CIADI.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel pusieron fin de manera formal a la controversia vinculada al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el principal terminal aéreo del país.
El cierre quedó sellado con la publicación en el Diario Oficial del decreto que materializa el acuerdo, documento que previamente fue tomado de razón por la Contraloría General de la República.
De esta manera, se ejecuta la sentencia emitida el 15 de mayo de 2024 por la Comisión Arbitral que conoció el conflicto.
Gobierno y concesionaria sellan acuerdo que pone fin al conflicto por el aeropuerto de Santiago
El entendimiento introduce cambios relevantes en las condiciones del contrato. En lo central, se estableció una extensión fija de 36 meses en el plazo de la concesión y un ajuste transitorio en el esquema de distribución de ingresos.
Asimismo, la concesionaria deberá presentar ante la Comisión Arbitral el finiquito correspondiente y la renuncia total a acciones en sede nacional. En paralelo, sus accionistas desistirán del arbitraje internacional iniciado ante el CIADI, lo que implica el cierre integral del litigio.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, afirmó que el acuerdo es fruto de un proceso técnico desarrollado con la participación de los organismos competentes y dentro del marco institucional vigente, subrayando que la solución contribuye a proyectar el desarrollo futuro del aeropuerto.
Cómo se originó el conflicto
La disputa tuvo su origen en los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad aérea. Las restricciones sanitarias y el cierre de fronteras provocaron una caída sin precedentes en el número de pasajeros, lo que impactó directamente los ingresos del concesionario.
Dado que el contrato se basaba en determinadas proyecciones de tráfico y flujos financieros, la concesionaria argumentó que la crisis sanitaria alteró el equilibrio económico del acuerdo y solicitó mecanismos de compensación. La falta de consenso llevó el caso primero a la Comisión Arbitral y luego a una instancia internacional.
Con la formalización del nuevo acuerdo, ambas partes dan por concluida una controversia que se extendió durante varios años y que se originó en el impacto extraordinario de la crisis sanitaria sobre la concesión aeroportuaria.