Cómo se gestó el fin de la toma de la UC y los cambios que negoció el rector

Quince minutos para las dos de la tarde del lunes 28 de mayo las puertas centrales del frontis de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica se reabrieron de forma definitiva. Hacia el interior del edificio se veía un grupo de 200 mujeres ordenadas en fila, mientras que dos de ellas se preparaban para salir a la calle para anunciar formalmente que la toma feminista del campus llegaba a su fin después de cuatro días.

Tomar esa decisión no fue fácil. El grupo que había ocupado la parte más antigua de Casa Central, donde se ubican las oficinas de rectoría, de cara a la Alameda, tuvo una mañana agitada de discusión. La cuenta regresiva se las había puesto el rector de la UC, Ignacio Sánchez, el día anterior, luego de sostener la última reunión de negociación con las voceras de la toma.

En ese encuentro, Sánchez les dio como plazo la medianoche del domingo 27 de mayo. Sin embargo, vencido el ultimátum, las voceras tomaron rápido contacto con Sánchez para comunicarle que, dada la dificultad de llegar a un consenso con la asamblea de mujeres —por la amplitud del petitorio y la heterogeneidad en la composición de ese colectivo—, no estaban en condiciones de entregarle una respuesta final. Como contraparte, Sánchez les dio un nuevo plazo, esta vez perentorio: el mediodía del lunes.

En medio de rumores de desalojo, alrededor de las 13:00 horas la asamblea realizó una última votación para bajar la toma. A pesar de que ninguna de las voceras entregó el detalle de cuántas mujeres votaron, sí explicaron que la posición mayoritaria fue terminar con la ocupación, ya que el rector había aceptado los puntos mínimos del petitorio: tres de un total de 18.

“Estábamos en un territorio súper hostil, principalmente porque los tiempos establecidos por el rector nos forzaba a tener que dar respuestas rápidas”, afirmó una de las voceras de la toma, Daniela Pinto, estudiante de Ciencias Biológicas.

Los compromisos con Sánchez

El petitorio es un documento de 18 puntos que fue redactado el viernes de la semana pasada. De ese listado, Sánchez dio garantía inmediata en tres demandas específicas que, a juicio de las líderes de la toma, eran “intransables”. La primera consiste en el pago de horas pendientes y la regularización del bono UC a trabajadoras subcontratadas. La segunda apunta a reformular los protocolos de violencia de género y sexual. El último compromiso fue el de respetar el nombre social de estudiantes trans y la habilitación de “baños neutros e inclusivos” en todos los campus.

“El fin de la toma se debe a una voluntad compartida de parte de las voceras, quienes mostraron propuestas de avance y un diálogo transparente”, dijo el rector de la UC minutos después de que ellas bajaran la toma. La autoridad aseguró que lo vivido es “un signo de que se puede seguir trabajando en conjunto y avanzar en las demandas del movimiento feminista".

Sánchez fue uno de los principales afectados por la ocupación del edificio central del campus más emblemático de la UC. De hecho, desde el viernes no pudo ocupar su tradicional oficina ubicada en el segundo piso y debió trasladarse, con todo su equipo directivo, hasta el sexto piso del edificio de la Facultad de Comunicaciones, que tenía libre acceso por la calle Lira. Una ubicación estratégica, ya que en el primer piso de este inmueble se desarrollaron las negociaciones de la llamada “mesa de diálogo” con las líderes de la toma.

La decisión del fin de la ocupación generó de inmediato reacciones. Una de ellas fue de la Consejera Superior, Javiera Rodríguez, quien forma parte del Movimiento Gremial y criticó duramente a las estudiantes el día que decidieron tomar el control del edificio, pero que ayer destacó el triunfo del diálogo. “Valoro muchísimo que la decisión haya surgido de ellas y se haya hecho en forma pacífica. Se muestran de manera dialogante frente a la comunidad”, dice Rodríguez.

Cómo se gestó la articulación de la toma

Una asamblea realizada a inicios de la semana pasada fue la génesis de todos los polémicos hechos posteriores. Tomando como base la discusión realizada en ese encuentro, un grupo reducido de feministas avanzó en la estructuración de un plan audaz, con miras a generar un alto impacto en la opinión pública: tomarse la Casa Central.

No hubo una única líder ni tampoco una coordinadora. Todas las decisiones se tomaron en una asamblea compuesta por mujeres estudiantes de la UC en la que las posiciones se votaron a mano alzada y en la que podía participar cualquier estudiante que declarara estar “comprometida con las demandas feministas”. Incluso, el movimiento generó una distancia con la misma Federación de Estudiantes (Feuc), liderada por Francisco Morales (NAU), la que quedó reducida a un rol meramente informativo.

De la última asamblea, realizada el viernes pasado, surgió una mesa coordinadora, compuesta por cinco mujeres voceras, una por cada campus de la universidad en Santiago —San Joaquín tuvo dos representantes—. Fue en ellas en quienes cayó la responsabilidad de llevar las dos negociaciones que hubo con el rector Sánchez, quien fue acompañado por el director de Asuntos Estudiantiles, William Young.

“Somos un grupo totalmente autónomo y muy diverso. Participan mujeres comprometidas con las demandas feministas, pero desde distintas aproximaciones, desde el cristianismo, algunas agnósticas, e incluso varias de diferentes movimientos políticos. No tenemos relación con ningún partido externo”, explica Pinto.

La futura mesa multiestamental

Todos los compromisos futuros tomados entre la asamblea de mujeres y el rector se discutirán en una mesa multiestamental. La composición de dicho espacio fue conversado con las mujeres de la toma, de manera de asegurar su representación.

La mesa será compuesta por siete mujeres y cinco hombres: el rector; un académico elegido por el movimiento feminista; dos académicos nombrados por Sánchez; un funcionario elegido por las mujeres y otro por la rectoría; un representante estudiantil nombrado por el Consejo de la Feuc, otro por el Consejo académico, otro por el movimiento feminista y otro por el rector; y dos últimos representantes nominados por las líderes de la toma. El objetivo, dicen en la universidad, es que estén representados todos los estamentos de la UC.

La vocera Daniela Pinto aclara que desde ahora el rol de su grupo será “la articulación territorial para tensionar a la rectoría, para que se realicen las mesas de trabajo que se nos prometieron y, así, cumplir el petitorio”.

Sin embargo, no serán las únicas interesadas en participar en el proceso. La presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho (CADE), Magdalena Lira, quien lideró al grupo de alumnos que estaba en contra de la toma, asegura que “nosotros nos sentimos parte de este movimiento que busca erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer”.

Lira explica a PAUTA.cl “que los representantes estudiantiles, democráticamente electos, con mecanismos institucionales para canalizar la voz de nuestros compañeros, no nos vamos a restar”. La presidenta del CADE adelanta que levantarán sus propias propuestas y continuarán con el trabajo que ya se ha avanzado como, por ejemplo, la mesa que desde enero viene revisando los protocolos al interior de la universidad.