Gastón Gómez y reforma al TC: “Debe hacerse con estudios serios y no para satisfacer la demanda momentánea”

El abogado lidera un grupo transversal de constitucionalistas que prepara un documento con modificaciones al Tribunal Constitucional. Se reunirán el lunes, solo 10 días después de que Sebastian Piñera anunciara una reforma al organismo y que el presidente de la Suprema evidenciara en un discurso la tensión con el TC.

Si una serie de fallos cruzados ya había revelado la tirantez que existe entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC), el viernes 1 de marzo, durante la inauguración del Año Judicial 2019, la situación quedó más que reafirmada.

Fue el presidente de la Suprema Haroldo Brito, quien en su discurso -ante la totalidad de los ministros del TC y el Presidente Sebastián Piñera– habló directamente de la delicada relación y llamó “a superar un estado de tensión que, de ser excacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”.

No es todo. Brito puso ejemplos de fallos de la Sala Laboral que finalmente llegaron al TC. Y también recordó que de las 245 causas de violaciones a los derechos humanos que se iniciaron en 2018, 25 fueron paralizadas (en un promedio de 238 días) por el Tribunal Constitucional por recursos de inaplicabilidad. De ellas, 16 se rechazaron.

La tensión entre ambos organismos ha sido seguida atentamente por varios abogados, entre ellos Gastón Gómez, profesor de Derecho UDP y quien además es vocero de un grupo transveral de juristas que en enero se organizaron para trabajar en un proyecto de reforma al TC que entregarán en mayo a La Moneda y el Congreso. Entre sus miembros están Arturo Fermandois, José Franciso García, Luis Cordero, Patricio Zapata, Francisco Zúñiga, Teodoro Ribera, Isabel Aninat y Jaime Gajardo, entre otros.

Se trata de cambios que también contempla el gobierno, pero en forma paralela. De hecho, terminada la ceremonia que presidió Brito, Piñera anunció una reforma al TC, un tema que ya había adelantado en su programa presidencial: mayor escrutinio a sus integrantes y, entre otros aspectos, reducir el número de sus ministros (de 10 a 9) para evitar el polémico voto dirimente del presidente del TC.

Aspectos que, sin embargo, para Gómez no son los principales. Porque, dice, hay otros cambios de fondo, como  revisar algunos elementos del control preventivo; la relación entre la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad; la suspensión del procedimiento y agregar transparencia y control a las designaciones de los ministros del TC, entre otras modificaciones.

-¿Qué le parecieron las críticas de Brito al rol del TC?

“Hay que separar las cosas del momento y el contexto. La inauguración del Año Judicial es una ceremonia en la que el presidente da su visión sobre el acontecer judicial y en la que se enuncian algunos problemas en la justicia. Sobre el contexto no me voy a pronunciar; él (Brito) sabrá si es el momento correcto cuando está el presidente de la República y todos los ministros del TC invitados y, por cierto, sus pares lo juzgarán en eso. Pero lo interesante de su observación es que efectivamente desde hace algún tiempo hay algunas tensiones que se evidencian entre el TC y la Corte Suprema y también entre la Corte Suprema y otros organismos. Pero el punto es que hay que ir hacia las cuestiones de fondo: si esas críticas expresan un problema correcto técnicamente o si son más bien espuma que está sobre el agua”.

– ¿Y van al fondo o son espuma?

“Si la observación crítica es que el TC está resolviendo problemas acerca de los trabajadores a contrata de una manera o de otra, no parece ser la crítica que al menos yo he oído que esbozan algunos ministros. Resolver si procede o no el Código del Trabajo o un estatuto especial, es una función propia del TC o de la Corte en sus respectivas materias”.

-¿Qué revelan entonces las críticas de Brito?

“Que hay problemas que se vinculan al impacto que algunas decisiones del TC pueden tener en el normal desenvolvimiento de la jurisdicción. Y ahí uno de los puntos fundamentales ha sido la suspensión del procedimiento y el retraso en procesos que a algunos ministros (de la Suprema) les molesta, porque al suspenderse, las causas se retardan hasta ocho o nueve meses. Ese tipo de fenómenos o problemas que subyacen a las normas que regulan la jurisdicción constitucional, es a lo que hay que atender técnicamente. Pero no a los pareceres acerca de si me gusta o no me parece, o si estoy de acuerdo o no con una resolución o de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, cuestión que, aunque valiosa, no es acertada en lo profundo”.

-Los retrasos se deben, entre otros factores, a que las personas cada vez acuden más el TC.

“Hay que subrayar eso, pues el recurso de inaplicabilidad constitucional en manos del TC ha tenido un enorme crecimiento en sus números de ingresos. Y eso se debe a la mirada que tiene el TC sobre los derechos fundamentales de las personas y respecto de eso, nadie puede cuestionar esa dimensión de cómo entiende sus funciones. Ahora, las técnicas que quedaron reguladas en la reforma de 2005 y en la ley orgánica, no han sido del todo prudentes y bien configuradas, porque lo lógico sería que la suspensión (del procedimiento) se decretara solo en determinadas circunstancias”. 

-¿Se debe regular el tiempo de espera?

“Tal vez habría que entrar a la regular con precisiones algunas duraciones para que la suspensión del procedimiento no sea un mecanismo de negociación de una de las partes contra la otra en un proceso que se lleve ante los tribunales”.

-Brito se quejó justamente de la paralización en las causas de derechos humanos.

“La suspensión del procedimiento, y lo que el presidente de la Corte Suprema dijo sobre las causas de derechos humanos y otras, porque son muchas, expresan un problema pero no una mala intención del TC ni de la Corte. Y el problema es que técnicamente no se reguló bien (en 2005), los efectos de la suspensión en materia de inaplicabilidad. Entonces, sobre eso hay que ir”

-¿Poner plazo al TC para que no se eternice el procedimiento?

“Por ejemplo. Hay varias alternativas, como que solo se pueda pedir en ciertas circunstancias o se tenga que renovar cada cierto tiempo. Hay muchas fórmulas, pero lo interesante es abordar el problema que subyace a las tensión entre el TC y la Corte Suprema. Porque los dos tienen razón. El TC tiene que cumplir su tarea en la defensa de los derechos fundamentales y la Corte Suprema quiere tener, naturalmente, la capacidad y potestad de decidir interpretativamente en tiempo y forma sobre los asuntos que llegan hasta ella. Mal que mal, las partes han llevado los asuntos antes a los tribunales de justicia y merecen una resolución fundada en derecho. Entonces, no se trata de mala intención de nadie, sino de corregir el problema por un mal diseño institucional que está presente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Eso es lo que habría que corregir”.

– ¿Qué otros temas se deben reformar?

“Hay otras cosas que son muy significativas y valiosas que hay que potenciar, como la inaplicabilidad, que es la expresión de cómo los ciudadanos llevan sus asuntos de derechos fundamentales ante el TC. Entonces no se trata solo se corregir, sino también de potenciar”.

– ¿A qué se debe a que cada vez más los ciudadanos acudan al TC?

“Se debe, entre otras cosas, a la manera a la que el TC ha entendido los derechos fundamentales de las personas y también a ciertas deficiencias en la administración de la juridisdicción. Tampoco puede dejar de haber algo de oportunismo”.

– Es decir, la política recurre al TC.

“Claro. Y se producen estas tensiones. Pero son signos de crecimiento y no de debilidad”.

-Las palabras de Haroldo Brito ¿aceleran la reforma al TC?

“Las dificultades que he comentado están ahí hace muchísimo tiempo. Y se han evidenciado desde el comienzo de las funciones del TC. Las reformas deben hacerse sopesadamente sobre la base de estudios serios y no apresuradamente para dar satisfacción a alguna demanda momentánea. Yo creo que con la debida reflexión y tiempo se pueden afrontar todas estas materias, pero no a tontas y a locas”.

–Se lo pregunto porque fue el Presidente Piñera quien el viernes recordó que el gobierno también tiene proyectada una reforma. Y en paralelo, abgados influyentes, entre ellos usted, trabajan en una propuesta para mayo ¿No revela eso que hay urgencia? 

“La urgencia viene dada por los momentos y las dificultades que hemos comentado y que vienen hace tiempo. Y es un buen momento para corregir aquello que sea necesario y potenciar lo que haya que potenciar. Pero las reformas constitucionales, y las legales serias, tienen que adoptarse con prudencia y con estudios serios que respalden lo que se está haciendo. Así como la reforma de 2005 se generó en un contexto de muchos estudios y reflexiones que se hicieron durante 15 o 20 años en el ámbito académico, político e institucional, una reforma de este asunto debe tener la urgencia pero la seriedad que merece. Así es que nosotros estamos abocados a hacer esa proposición”.

“Hay un ministro que vota dos veces”

-Dentro de las reformas al TC está la idea de bajar el número de sus miembros de 10 a 9, para que sea impar y se acabe el voto dirimente del presidente ¿Está de acuerdo con ese cambio?

“Es que esa observación no parece del todo precisa, porque se procura reducir el número de ministros del Tribunal Constitucional para la regla que dice que en caso de empate, en los conflictos constitucionales decida el presidente con su voto dirimente. Es decir que en el TC hay un ministro que tiene dos votos en ciertas circunstancias. Pero eso es muy simple: se saca la regla de que el presidente tenga el voto dirimente y no es necesario alterar la composición del tribunal para resolver un problema menor. Porque este es el típico problema que se produce cuando no hay diálogo.

-Modificar el número de integrantes surge cada vez que el TC toma una decisión polémica. La última fue por el voto de Iván Aróstica, cuando se declaró inconstitucional el párrafo del proyecto de libertades condiciones que exigía el arrepentimiento del condenado por delitos de lesa humanidad que accediera al beneficio.

“En los últimos 10 años, los presidentes del TC han usado mucho el voto dirimente, tanto Carlos Carmona como Iván Aróstica. De manera que si nos molesta que el presidente del TC tenga dos votos y produzca una tensión innecesaria, eso tiene fácil solución: sacamos la regla y si se empata, se rechaza el requerimiento. No hay verdaderamente aquí un problema”.

-¿Y dónde ve un problema? Para usted no es un tema la especialización de los ministros, es decir, que todos sean constitucionalistas. ¿Hay algo que mejorar en los nombres que llegan al TC?

“El apego a la idea de que debe estar compuesto por juristas que tengan un peso en su disciplina, no me parece significativo. Pero sí creo que la clave es que los ministros sí deben ser reconocidos en sus especialidades. Ojalá sean personas que tengan publicaciones y, además, que haya apego al razonamiento que van a ser idóneas. Y eso depende de que los órganos que los nombren los designen con esas características”.

– ¿Qué opina del sistema de nombramientos actual? Tres ministros son nombrados por la Corte Suprema y en los otros siete interviene la política: tres el Presidente de la República; dos el Senado y dos la Cámara.

“Se ha escrito bastante sobre eso, pero hay tantos modelos como países y algunos son más exitosos que otros”.

– ¿El modelo de Chile es exitoso?

“Las reglas se pueden perfeccionar. Por ejemplo, uno puede hacer público el control de la decisión. Necesariamente tiene que haber una exposición de parte del ministro y que el órgano que seleccione pueda elegir transparente y públicamente, como se hace en otros países. El hecho que la opinión pública pueda juzgar y evaluar las nominaciones y las personas, me parece que es la mejor garantía. En este caso (el TC) ha habido poco control público a las decisiones: no se sabe cuándo se adoptan, y sería deseable un mayor ojo ciudadano con un debido tiempo y una debida premura. Ahí hay algo que hacer e introducir algunos cambios en la nominación y en la revisión pública que se haga de los antecedentes y de la persona. El Presidente de la República designa a quien le parece mediante Decreto Supremo, y ese es el procedimiento. Entonces, cada órgano se acoge de acuerdo a su naturaleza. Pero se podrían transparentar esas designaciones de distinta manera. En el Senado hay un procedimiento (de exposición) que no ha resultado del todo eficaz. Y si se mantiene el mismo modelo, hay algo que se puede hacer”.

-¿En qué sentido ha resultado poco eficaz?

“Porque no ha habido el debido tiempo y revisión y publicidad de las nominaciones. Eso falta”.

– ¿Tiene algún buen ejemplo de nombramientos?

“Un muy buen ejemplo es la seriedad con que se toman las designaciones de los ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos: se transmiten públicamente, hay períodos en que se revisa todo lo que ha dicho o hecho ese ministro y todo eso se hace con el ojo crítico de los senadores de oposición y de gobierno”.