La vuelta a clases del cuestionado mercado de textos escolares
La Fiscalía Nacional Económica está terminando su investigación preliminar sobre el comportamiento de las editoriales. En 2018, el gasto sumado de privados y del Estado llegó a US$ 116 millones en libros escolares.
Cuando terminan las vacaciones de verano y la gente vuelve a la rutina y el trabajo, muchos apoderados deben afrontar una situación que se repite todos los años: la vuelta a clases. Las listas proliferan, los plazos se agotan, el gasto se empina. Ropa de colegio, mochilas, materiales escolares. Dentro del conjunto de útiles para las clases, uno en particular suele alterar más los ánimos de los apoderados: el alto costo de los textos escolares. Solo en 2018, el gasto sumado de privados y del Estado llegó a US$ 116 millones, aproximadamente.
Algunos apoderados han alegado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que desconocen la forma en que se determinan los precios para los libros, además de cuestionar los convenios existentes entre ciertos colegios particulares pagados y editoriales de textos escolares.
Por esta razón, el Sernac solicitó a cinco editoriales de libros escolares información relativa al funcionamiento de sus empresas, con el fin de transparentar y verificar que los consumidores cuenten con la información necesaria al momento de comprar los textos. El oficio fue enviado a Santillana, SM, Pearson, SBS y McGraw-Hill. Todas ya habrían enviado sus respuestas.
El subdirector del Sernac, Jean Pierre Couchot, comentó en Pauta Final que el requerimiento a las editoriales busca conocer la forma en que opera el mercado de textos escolares.
“Hoy, de acuerdo con los reclamos que nos entregan los consumidores, no se estaría cumpliendo ciento por ciento con estas reglas. Este es un mercado regulado. La Ley del Consumidor es lo suficientemente clara al establecer que los consumidores tienen derecho a una información veraz y oportuna”, dice Couchot.
Cómo funciona el mercado de los textos escolares
El mercado de textos escolares funciona de la siguiente manera: en el caso de los colegios particulares pagados, son los apoderados quienes deben comprar este material, y es el propio colegio el que determina qué textos se deben comprar. Para los establecimientos públicos y particulares subvencionados, el Ministerio de Educación entrega gratuitamente esos textos y define cuáles se deben utilizar.
La investigación del Sernac al mercado de textos escolares se suma a la que inició la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en octubre de 2018, cuando se detectaron diferencias de precio “relevantes” entre el sector privado y el público, y una “alta concentración” de las editoriales que ganan las licitaciones para producir e imprimir los textos. Por ejemplo, el precio de un libro en el sector privado es, en promedio, 29 veces más caro que el precio al que lo compra el Estado. De hecho, se estimó que los apoderados de colegios particulares gastaron US$ 64 millones en textos escolares el 2018.
“El diseño actual de las licitaciones se distancia de las buenas prácticas en la materia, pues no existiría un plazo adecuado para realizar las ofertas y tampoco requerimientos claros de participación”, dice un comunicado de la FNE.
En los últimos tres procesos de licitación solo cuatro editoriales han ganado los concursos, y dos de ellas concentran más del 80% de estas licitaciones: SM Chile y Santillana. Esta última asegura que la forma en que se llevan a cabo las licitaciones afecta la competitividad de “los más pequeños”, lo que explicaría por qué hay pocos participantes en los concursos.
“A todas las editoriales se les entrega un borrador de bases técnicas sobre las cuales deben trabajar su propuesta. Sin embargo, a los pocos meses de tener que entregar el material para que se evalúe en la licitación, se entregan las bases técnicas finales que generan un gran desgaste y mayor costo para un sector con márgenes reducidos, dejando fuera a algunas editoriales del sistema”, afirman desde la editorial.
Al ser consultado sobre modificaciones a sus precios el 2019, Santillana afirmó que harán lo mismo que años anteriores: reajustarán sus precios en torno al Indice de Precios al Consumidor (IPC).
Francisco Tepper, gerente general de Fundación SM, comentó en Un Día Perfecto que este año la editorial SM congelará sus precios a raíz de la elevada diferencia de costos que se observa en el mercado de textos escolares.
Agrega que una de las razones del alto precio de los libros escolares es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tiene el libro en Chile. Tepper afirma que, en América Latina, solo Guatemala y El Salvador tienen este impuesto. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda de El Salvador, en ese país el IVA no aplica para las empresas editoriales y los libros, de forma que solo Guatemala y Chile aplican un impuesto adicional a los libros en la región.
El ejecutivo de SM plantea que el que un texto escolar sea más caro en el mercado privado que en el público se explica por los costos que genera la distribución del material hasta el punto de venta, en el caso del sector privado. Con el Ministerio de Educación “no tenemos ese gasto”, dice Tepper.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valora la medida adoptada por el Sernac de transparentar el mercado de textos escolares, que considera “muy opaco”. Critica también que los textos queden “obsoletos” de un año al siguiente, ya que implica un gasto extra para las familias.
Aguilar acusa que algunos colegios municipales y particulares subvencionados solicitan a los apoderados comprar textos distintos a los que entrega el Estado, que, en su opinión, son “prácticamente los mismos” y no tienen diferencias “significativas”.
La Superintendencia de Educación indica que, en efecto, los colegios particulares subvencionados sí pueden pedir a sus alumnos material complementario, pero no es obligatorio que el alumno lo compre; es totalmente voluntario. Además, no se puede sancionar a un alumno por no tener el texto complementario.
Couchot explica que están trabajando en conjunto con la FNE en la investigación y espera que las empresas entreguen la información solicitada para poder tomar medidas en caso de encontrar irregularidades.
El Sernac confirma a PAUTA que están analizando los antecedentes recibidos y en algunos casos solicitando más información.
Los resultados preliminares de la investigación de la FNE, que contemplaría la información recogida por el Sernac, se conocerán este martes 2 de abril.
Mire la presentación de este tema en Primera Pauta: