Las dudas que rondan el trato directo con proveedores de alimentación escolar

Las raciones para 600 mil escolares se asignaron bajo esta fórmula a seis empresas hasta 2022, con un gasto fiscal de $210 mil millones. Junaeb defiende su actuar, pero algunos actores discrepan de la solución.

La alimentación de los escolares finalmente estará. Y hay consenso de que eso era lo más importante. Pero la forma en que la Junaeb impulsó el proceso para elegir a las empresas proveedoras despertó dudas y cuestionamientos.

Es que tras fallar la licitación, se empleó el mecanismo excepcional de compra directa a los proveedores, permitido en la Ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas para situaciones de emergencia, en casos en que solo existe un proveedor o si la licitación no tiene oferentes. El uso de esta fórmula está restringido, precisamente porque el trato directo puede ofrecer riesgos importante para la probidad.

El director de Junaeb, Jaime Tohá, ha defendido la aplicación de la fórmula para este caso, precisando que la licitación del programa de alimentación escolar (PAE) y de párvulos para siete regiones se tuvo que declarar desierta, ya que las grandes empresas oferentes incumplieron un requisito formal: transparentar su malla societaria.

Con el inicio del año escolar ad portas no había tiempo para una nueva licitación, de modo que se tomaron las mejoras ofertas económicas y técnicas ya presentadas y se contrató a seis empresas proveedoras. Así lo señala la resolución que fundamenta el trato directo en la situación de emergencia asociada a asegurar la continuidad del servicio de alimentación escolar. 

El monto total de esta compra equivale a $210 mil millones. El resultado logrado, dijo la autoridad, permitirá “trabajar con esas condiciones para los próximos tres años”; es decir, entre marzo de 2019 y febrero de 2022. Destacó que esa solución implicó ahorros para el Estado equivalentes a casi $14 mil millones, correspondientes a la diferencia entre el acuerdo y el haber prorrogado los contratos vigentes.

Aunque hay pleno consenso en que haber declarado desierta esta licitación habría generado una emergencia mayúscula, actores de la sociedad civil discrepan de la fórmula usada en este caso y aclaran que deben privilegiarse siempre una plena transparencia en estos procesos. Aunque también advierten de problemas de fondo en el proceso de compras públicas.

¿La mejor solución?

El director de Espacio Público, Daniel García, comenta que si bien Junaeb resolvió un impasse ante el fracaso de la licitación, lo ocurrido amerita un mayor análisis. “Es la compra publica más grande de Chile y eso todo el mundo lo sabe. Al proceso se le han incorporado múltiples mejoras (normativa, algoritmo, fórmulas para beneficiar a las pymes) y de nuevo fracasó. Preocupa que no se pueda adjudicar de forma competitiva y abierta, porque entonces se abre espacio a la discrecionalidad y con ello también hay riesgos de corrupción”, afirma.

Daniel García señala que se priorizó la alimentación de niños, “lo que es crucial “, pero advierte que no era la única solución posible, ya que también se podría haber prorrogado los contratos actuales. “Una licitación es un espacio que super regulado, pero después de bajar la licitación, tomar las mismas ofertas para hacer negociaciones individuales no me parece lo mejor, aunque se logren buenas condiciones”, comenta.

A su juicio, esto es una muestra de que el sistema (de licitación pública) no está dando el ancho. “Entiendo que se cae la licitación por un excesivo formalismo, en que el Estado pide información que ya tiene, porque las mallas societarias de las empresas que participan se pueden construir con los datos de Impuestos Internos”. Añade que la licitación debió haberse iniciado mucho antes, porque los plazos habituales reducen “cualquier margen de error, tiene solo una oportunidad de salir bien, y no fue el caso, porque quedó desierta sin plazo suficiente para relicitar lo que obligó al trato directo”.

En su anterior experiencia como Superintendente de Casinos de Juego, al ingeniero civil le correspondió liderar la adjudicación de permisos para casinos y lo ocurrido en ese proceso lo lleva a coincidir con el director de Junaeb en que “se ha llegado a un estado en que efectivamente los competidores usan la judicialización como herramienta de competencia, más aún en procesos tan atractivos económicamente como la alimentación escolar”.

Transparencia y eficiencia

“En el Observatorio Fiscal nos preocupa este tema y publicamos un estudio al respecto, donde entre otros hallazgos detectamos que, en 2017, 26 instituciones públicas adquirieron más del 50% de sus compras vía la modalidad de trato directo y que en los últimos cinco años, sólo un 42% de las empresas proveedoras actuales del Mercado Público informan su composición societaria”, afirma el investigador de esa entidad, José Mora.

Sobre lo ocurrido con la licitación del PAE, el analista afirma que “el hecho que se haya declarado parcialmente adjudicada, debido a problemas en las ofertas, la convierte en un riesgo de ineficiencia y transparencia”. Añade que la razón de emergencia aludida en la resolución que autoriza el trato directo, si bien responde a una causa verídica, no aborda “el tema de fondo, que es por qué no se ajustaron las bases para no recurrir a trato directo, y con ello mantener la licitación”.

Detalla que según los antecedentes publicados a través del portal Mercado Público, se desprende  que la licitación para pequeñas empresas no pudo ser completamente adjudicada, debido a que las bases de licitación indican que el volumen máximo de raciones a adjudicar por oferente será menor o igual a 20.000 unidades. Sin embargo, una unidad territorial requería un volumen mayor. Desde Junaeb explicaron que “esto se resolvió dividiendo la comuna en dos y adjudicando por trato directo a las dos empresas con los menores precios presentados en el proceso de licitación anterior”.

José Mora discrepa de dicha decisión, al estimar que una mejor alternativa habría sido la de modificar las bases para asignar a la unidad territorial las 20.000 raciones vía licitación, y luego adjudicar solo el saldo mediante otra modalidad. “Era una alternativa mucho más razonable y transparente, además se podría haber hecho otro tipo de modificación que hiciera factible la mantención de la licitación pública, en desmedro del trato directo, principalmente por la poca transparencia de este último”, explica.

Agrega que también es importante que, al informar al público sobre los resultados de una compra pública tan emblemática como esta, más aún si se resuelve por trato directo, Junaeb incluya en la difusión de los resultados todos los antecedentes necesarios para facilitar a la ciudadanía la verificación de los antecedentes formales en que se basa la decisión. Esto es el ID de la licitación original, número de la orden de compra o resolución con la que se adjudicó el trato directo.