El debate por la propiedad de los fondos de pensiones que hizo caer a Santa Cruz

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, renunció al gremio tras unas polémicas declaraciones. Pero, ¿de qué se trata el debate?

Mientras la reforma previsional se sigue discutiendo en la Cámara Baja, otro debate relacionado con las pensiones ha vuelto a la palestra. Esto, luego de que la profesora María Angélica Ojeda, de la Región de Antofagasta, presentara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para poder retirar sus fondos previsionales de la AFP Cuprum para pagar así su crédito hipotecario. Ante esto, la Corte de Apelaciones le pidió al Tribunal Constitucional pronunciarse, según reportó en 21 de septiembre El Mercurio de Antofagasta.

El martes 24 de septiembre, el TC resolvió de forma unánime acoger a trámite el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El caso ha planteado la pregunta respecto de si los fondos de pensiones debieran poder retirarse anticipadamente de las AFP, por ser considerados propiedad privada de los afiliados. La legislación impide el retiro anticipado de los fondos.

En una entrevista con CNN Chile el miércoles 25 de septiembre, el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, respondió que la presentación de Ojeda a la Corte de Apelaciones de Antofagasta corresponde a una acción de grupos opositores al sistema. “Esto es una maniobra orquestada, esto es una maniobra política que todos saben que no va a llegar a ninguna parte”, pero cuya consecuencia será “que están poniendo en riesgo que la gente el día de mañana tenga una jubilación”. Así, transmitió que no les cree que busquen mejorar la vida de las personas: “A otro gallo con ese cuentecito. Si estamos viejos ya para tragarnos… oiga, que a uno le metan el dedo a la boca, y que además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho. Eso no lo tragamos los chilenos”.

Durante la tarde del jueves 26 de septiembre, el dirigente anunció, a través de un comunicado de prensa, su renuncia al cargo. “Lamento el revuelo que mis declaraciones han provocado. En mi vida personal y empresarial, siempre he tratado con respeto y deferencia a todas las personas y si alguien se sintió ofendido por la forma de expresarme, esa nunca fue mi intención, y por tanto, ofrezco mis sinceras disculpas”, expresó en su carta de dimisión.

Revise la declaración pública de Andrés Santa Cruz:

“No soy quién para juzgar, ni menos descalificar a la gente”, comentó sobre la salida de Santa Cruz el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en una entrevista en 24 Horas. “Sin embargo”, continuó, “todos aquellos que tenemos que jugar algún rol en el sistema previsional debemos ser muy cuidadosos con las declaraciones que hacemos […]. Es claro que sus dichos no contribuyeron a un buen debate”.

El origen del debate

El tono del debate ocurre en medio de la discusión legislativa de la Reforma Previsional (cuya pronta aprobación solicitó el Presidente Sebastián Piñera al anunciar el Presupuesto 2020 en cadena nacional este jueves 26 de septiembre) y se agitó precisamente luego de que el TC aceptara evaluar la constitucionalidad de las disposiciones legales que establecen el grado de propiedad de los fondos de pensiones.

El abogado constitucionalista Fernando Atria, socialista, fundador de la Fundación La Casa Común y asesor del movimiento No + AFP, ha estado detrás de la presentación de la profesora de Antofagasta y de otras similares ante las cortes. Su objetivo, comentó en Pauta Final, no estaba en que el caso fuese derivado al Tribunal Constitucional, pero sí instalar un debate.

La materia jurídica radica en el derecho a la propiedad, afirmó Atria.

El exfiscal de la Superintendencia de Pensiones Andrés Culagovski retrucó, sin embargo, que no se trata de un tema nuevo. Esto ya se ha planteado anteriormente ante los tribunales. El abogado sostuvo en PAUTA Bloomberg que si bien la solicitud de la profesora es humanamente entendible, desde el punto de vista legal hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Entre ellas, Culagovski planteó que efectivamente los fondos de pensiones se pueden entender como propiedad privada. “La Constitución, en el artículo 19 número 24, me garantiza el uso, goce y disposición, de todos mis bienes, incluyendo este tipo (incorpóreos)”, explicó el abogado.

“Aquí la respuesta es unánime, salvo quizás algunas discusiones posteriores. Y es que sí, que sí existe derecho de propiedad sobre las cotizaciones. Y eso lo han dicho los tribunales, la doctrina, los políticos”, aclaró el profesional. Sin embargo, Culagovski también afirmó que eso no necesariamente da un derecho absoluto sobre la disposición de los bienes. A modo de ejemplo, el experto comentó el derecho a la propiedad que una persona puede tener sobre un auto: lo tiene, pero cuando hay restricción vehicular no puede disponer de él.

Los límites al control en la propiedad

Algo similar ocurre con los dineros destinados a las pensiones. Culagovski explicó que si bien la Constitución establece el derecho a la propiedad, también plantea el derecho a la seguridad social y dice que el Estado puede establecer las cotizaciones obligatorias, derecho que se estableció el año 1980 con la idea de que el Estado garantice un piso mínimo para las personas. “Sucesivas reformas constitucionales y legales han mantenido la idea de que hay cotizaciones obligatorias y las cotizaciones no son ahorro, es una cosa distinta”, describió Culagovski.

El superintendente Osvaldo Macías considera que precisamente de esto se trata un sistema de pensiones. “Los sistemas de pensiones en todo el mundo son obligatorios. Las personas tienden a preferir consumo presente a consumo futuro […] Si no fuera obligatorio, muy poca gente ahorraría para su vejez”, dijo en 24 Horas.

Fernando Atria cuestionó que no son los dueños de los fondos quienes ejercen los derechos políticos sobre sus ahorros. “Aquí hay una propiedad que está totalmente separada del control, entonces, claro, cuando lo discutimos desde el punto de vista de María Angélica Ojeda, lo que ella pide es que le devuelvan su plata. Pero eso lleva a una discusión más amplia sobre cómo tener un sistema que sí supone propiedad de los trabajadores; entonces, tiene que reconocer el control que corresponde a la propiedad”, dijo.

“El afiliado es dueño de sus fondos. En eso no hay ninguna duda”, enfatizó el superintendente Macías: “Por eso todo el dinero que un afiliado tiene está depositado en cuentas a su nombre”. 

La postura de Atria no ha tenido un respaldo judicial.

“Esto ha pasado muchas veces por los tribunales, y en esta sentencia de 2001 lo que dijo el Tribunal Constitucional fue que efectivamente las cotizaciones se tienen que hacer y su propósito completo […] es el de financiar la respectiva pensión de su titular”, sostuvo Culagovski.

No se trata solo de una sentencia de 2001.

“En otro fallo, el 2007, [el TC] dijo que las cotizaciones son para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social, vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esa es la lógica del asunto. Es decir, cuando nosotros cotizamos no lo hacemos solamente por nosotros, lo hacemos también porque como sociedad hemos decidido que tiene que haber ciertos estándares mínimos y que el que puede contribuir a esto, tiene que hacerlo, es parte del pacto social”, agregó Culagovski.

“Las cortes lo han dicho así constantemente: el derecho a la propiedad tiene limitaciones. Si dijiéramos ‘este es un derecho a ultranza’, eso tendría efecto para todo tipo de materias. No habría cotizaciones de salud, no habría pago de impuestos, habría una serie de cosas que no podrían funcionar”, agregó el especialista. 

Problema para el Estado

En Perú, una medida similar fue implementada, permitiendo el retiro de hasta el 95,5% de los fondos de pensiones. En un periodo de tres años, 236 mil personas retiraron en total el 12% de los fondos administrados por las AFP peruanas, equivalentes a US$ 5.816 millones. Según datos del regulador peruano, un tercio de quienes retiraron los fondos gastaron el total de estos en tres años y lo hicieron principalmente para pagar deudas o para financiar consumo corriente. 

Según el Andrés Culagovski, en el caso de que el Tribunal Constitucional decidiera que hay que entregar el dinero al cotizante se produciría un efecto no deseado, ya que las personas que podrían acceder a esos fondos de pensiones son afiliados con determinado nivel de recursos. Y en el caso de que esos ahorrantes gastasen los fondos retirados, sería el Estado quien debiese financiar sus gastos. 

“El Estado obviamente como institución existe, pero cuando uno dice ‘el Estado se pone’, somos todos los que contribuimos al Estado. Y aquí seríamos todos”, argumentó Culagovski. Las personas que financian su pensión corresponden en su mayoría a clase media o superior, distinta de las capas más vulnerables que reciben pensiones solidarias.

“Si es que decimos ‘el Estado debiera financiar eso’, mientras la persona hace lo que quiere con la plata, es profundamente regresivo”, criticó. “Eso es un problema básico del sistema de reparto […] es como volver a eso, es decir todos pagan, pero no todo reciben en igual forma”, planteó.

La seguridad social

Algo similar considera la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, quien sostiene en Pauta Final que una entrega de fondos de este tipo no resolvería los bajos montos que reciben hoy quienes jubilan. “El entregarle los fondos que ha ahorrado una persona de una sola vez no me soluciona el problema de una baja pensión; al revés, me lo agrava: esa persona, en el hipotético caso de que recibiera todos los fondos, no tendría con qué solventar todos los años de sobrevida que tiene y por cierto esa es una preocupación para el Estado”, comentó Zaldívar.

“En materia de seguridad social lo que nosotros debemos garantizar es que las personas tengan una prestación que les permita vivir los años en los cuales se encuentran pasivos. Y la si la plata se les entrega de una sola vez entonces nosotros no vamos a estar garantizando esto y tampoco vamos a estar garantizando que esa persona pueda pagar sus deudas o resolver los compromisos que tiene”, afirmó.

Pero en opinión de Fernando Atria, Chile no cuenta con un sistema de seguridad social. “En la lógica del seguro cada miembro de la clase contribuye en una contribución que es análoga a una prima de seguro… paga su prima y como paga su prima llega el momento y tiene cobertura… el sistema que nosotros tenemos no es un sistema de seguro social, es un sistema de ahorro”, dijo.

Lo que hace la Constitución con el derecho a la seguridad social se manifiesta en dos aspectos, contestó sin embargo el superintendente Osvaldo Macías: “Eso se manifiesta a través de cotizaciones obligatorias y a través de un sistema de pensiones que está absolutamente supervisado. El Estado se hace responsable de eso”.

La nueva propuesta de la Democracia Cristiana

En medio de la reactivada discusión por aspectos del sistema previsional, los diputados DC José Miguel Ortiz y Gabriel Silber propusieron que una vez que las personas jubilen, puedan utilizar parte de sus fondos para la adquisición de un primer bien raíz. 

En conversación con Pauta en Desarrollo, el diputado Silber dijo que, según esta propuesta, las personas podrán obtener recursos para pagar el saldo insoluto del crédito y así bajar carga financiera. “Solamente es para ese fin y será la AFP la que hará directamente la transferencia al banco o a la institución financiera”, describió el parlamentario.

La propuesta de estos parlamentarios se presentó como una indicación al proyecto de ley de Reforma Previsional que se tramita en el Poder Legislativo.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, manifestó su desacuerdo con la propuesta DC. “Se estaría desvistiendo a un santo para vestir a otro”, respondió al graficar que no tiene sentido pagar deudas a costa de las pensiones.

El diputado contestó al ministro que es normal que un trabajador joven destine parte de sus ingresos a financiar una vivienda, pero a su juicio “no es normal” que un jubilado haga lo mismo cuando su ingreso es su pensión.

Escuche la entrevista en Pauta Final con la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar (24 de septiembre de 2019):

Vea la conversación completa en PAUTA Bloomberg con el exfiscal de la Superintendencia de Pensiones Andrés Culagovski (25 de septiembre de 2019):

Revise la entrevista en Pauta Final con el abogado Fernando Atria (25 de septiembre de 2019):

A continuación el diálogo en Pauta en Desarrollo con el diputado Gabriel Silber (26 de septiembre de 2019):