Economistas proponen usar el fondo soberano para una mayor asistencia a familias

Sebastián Edwards, Claudia Sanhueza, José De Gregorio y otros economistas plantean destinar US$ 670 millones mensuales por un año y medio en transferencias.

Lo había anticipado el economista y académico de la Universidad de Californa, Los Angeles (UCLA) Sebastián Edwards en un seminario organizado por el periodista de PAUTA John Müller: que con un grupo de sus pares chilenos trabajaban en una propuesta para usar el fondo soberano en ayudas a las familias afectadas por la crisis sanitaria, para “dar más certidumbre, en vez del ‘goteo’ de medidas”.

La propuesta es transversal: además de Edwards, la suscriben el expresidente del Banco Central José De Gregorio; la economista UC Claudia Martínez, la economista de la UAI Andrea Repetto, la economista de la Universidad Mayor y militante de RD Claudia Sanhueza y el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés.

Convocados por el Colegio Médico, concordaron una fórmula que se presentó a la Mesa Social Covid-19. “Esperamos que esta propuesta sea un aporte y que pueda ser considerada por la autoridad”, sostuvo la presidenta de la entidad, Izkia Siches. 

De lo que se trata es de usar los recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) “como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el Gobierno y su regla fiscal”, dice el texto. Ese fondo, creado precisamente para usarlo en contextos de crisis, a fines de marzo acumulaba US$ 12.000 millones equivalentes al 5% del PIB.

Cuánto gastar

Los seis economistan plantean que Chile tiene espacio para endeudarse para hacer frente a la pandemia, pero que los aumentos de gasto deben ser transitorios, “aunque no necesariamente de corta duración”.

¿Cuánto gastar? La deuda pública a nivel mundial no puede usarse como guía, ya que por ejemplo en Nueva Zelandia equivale a 20% de PIB y en Canadá a 90% del PIB. Las proyecciones oficiales de deuda bruta para Chile crecieron de 29,3% del PIB antes del estallido social a en 40% del PIB ahora.

Además, “la regla fiscal anunciada por el Gobierno no da cuenta del problema que enfrentamos y no parece ser una guía creíble para el próximo año”, señalan. Añaden que existe una perspectiva de deuda pública creciente asociada a las tensiones evidenciadas en el estallido social.

Así, estiman que la inercia del crecimiento de la deuda, y lo difícil que es reducir el gasto una vez que se eleva, aumentan la probabilidad de una trayectoria explosiva. “Es fácil construir escenarios realistas en que la deuda llega sobre 60% durante esta década, incluso asumiendo que muchas de las presiones sociales que nuestro país enfrenta hoy sean financiadas sin endeudamiento”, advierten.

Esto lleva a que para comprotemer un mayor gasto y una trayectoria creciente de deuda, se requiere de un amplio acuerdo político y social. La propuesta implica gastar, cada mes y en promedio, US$ 670 millones por encima de lo ya comprometido, para financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. Esto en un horizonte de tiempo de un año y medio.

“La aplicación del programa debe ser flexible y pragmática, acorde a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, y debe otorgar facultades al gobierno para ir adaptándolo. También debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso”, precisan.

Cómo gastar

Los seis economistas plantean que con estos recursos podrían financiarse apoyos monetarios a las familias, “que deben ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios, de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento, [y] retirarse gradualmente solo en combinación con una apertura progresiva de la economía”.

Más adelante, precisan, los recursos deben utilizarse para estimular la demanda agregada y contener el desempleo, reforzando los programas existentes y creando otros nuevos.

A su juicio, los trabajadores formales que acceden a la Ley de Protección del Empleo deberían obtener una fracción fija del salario (no a pagos decrecientes como hoy)  mientras dure la contención de contagios. “Un 60% del salario permite a las familias del tercer quintil financiar sus gastos más necesarios”, detallan como referencia.

“Los recursos acumulados en la actualidad en el sistema, incluyendo el compromiso de aporte fiscal, permiten financiar una tasa de reemplazo del 60% por casi 14 meses a un millón y medio de trabajadores (esto es, al 30% de los cotizantes del sistema)”, precisan.

En el caso de las familias cuyos ingresos son mayormente informales (segmento que cubre el Ingreso Familiar de Emergencia), proponen transferencias estables y  no decrecientes para el 80% de los hogares vulnerables y sumar a quienes no acceden al seguro de cesantía. Como referencia, deberían aportar $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes, lo que permite cubrir los costos de alimentación, alojamiento, servicios básicos, educación y salud en un hogar en el primer quintil de ingresos.

Para los trabajadores que emiten boletas de honorarios, estiman que ellos deberían escoger entre sumarse a los beneficios planteados precedentemente para hogares que viven de ingresos formales e informales. La discusión de la propuesta del Gobierno para apoyar a este segmento se encuentra congelada tras un acuerdo en tal sentido entre el Ejecutivo y la Comisión de Trabajo del Senado.