Senado inicia debate por reforma a notarías bajo presión del Gobierno por acelerar los cambios
El ministro de Justicia anunció que repondrá en el proyecto el uso de la firma electrónica avanzada para escrituras publicas y defendió la figura de los fedatarios.
No fue un inicio de sesión fácil en la comisión de Constitución del Senado. Los senadores Pedro Araya (Indep.), quien la preside, y Alfonso de Urresti (PS) pidieron explicaciones por situaciones específicas ocurridas en Gendarmería y el Sename. “Espero que esas legítimas preocupaciones no impidan que tras 20 meses, 33 sumas urgencias y 10 discusiones inmediatas podamos ver esta reforma registral y notarial que no hemos tenido la fortuna de analizar“, respondió el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Así se dio inicio al debate en general del proyecto que busca modernizar el sistema de notarios, que ya cumplió su primer trámite y que desde enero de 2020 espera una oportunidad en el Senado. Previamente, se informó que el senador Francisco Huenchumilla (DC) se inhabilitó para participar del debate de este proyecto (su señora es notaria en Lautaro), siendo reemplazado por su correligionaria y actual presidenta del Senado, Ximena Rincón.
La sesión se destinó a la presentación de la iniciativa y concluyó con el acuerdo de definir un cronograma de trabajo que permita dedicarle al menos una sesión semanal.
El Gobierno ya anticipó que repondrá algunas materias que se perdieron en el debate en la Cámara Baja. Entre ellas, que se pueda usar firma electrónica avanzada para las escrituras públicas. Esto es visto como un cambio de paradigma, ya que haría innecesaria la presencia de un ministro de fe (notario) al estar autenticada la firma de la persona por medios electrónicos. Este es precisamente un tema que causó una extensa polémica entre notarios.
Servicio, no negocio personal
El titular de Justicia inició la presentación precisando que la reforma que impulsa el Ejecutivo no implica “tirar por la borda” lo que ha sido el sistema registral chileno, sino modernizarlo “porque es lo que el país exige”. Añadió que lo que está en juego con la iniciativa es elegir entre “defender el negocio notarial tal cual hoy día existe” o tener funcionarios públicos que den “un servicio a la gente sin hacer de esta actividad un negocio personal”.
En esto, la autoridad recordó el estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica que reveló que, en promedio, los notarios ganaban $14 millones mensuales ($24 millones los de Santiago Centro), cobraban precios superiores a los establecidos y que la inmensa mayoría de los clientes declaró que nunca vio al notario durante su trámite.
La autoridad aprovechó de responder a las críticas que los notarios y sus organizaciones gremiales han formulado a la iniciativa, especialmente respecto de la creación de la figura de fedatarios externos, quienes tras cumplir los mismos requisitos y certificaciones que los notarios podrían ejercer algunas de sus funciones. Básicamente, explicó el ministro, aquellas más comunes, como los “trámites de mesón” (firma de finiquitos y certificación de copias).
“Se mantienen en los notarios y conservadores de manera exclusiva las actuaciones más relevantes para el funcionamiento cierto de nuestras actuaciones jurídicas”, destacó la autoridad. Insistió que con los fedatarios externos -y sumando a otros funcionarios públicos que pueden actuar como ministros de fe (de municipalidades y Registro Civil)- habrá más oferta y competencia, “lo que es especialmente importante en las 160 comunas que hoy no tienen ni siquiera una notaría en su territorio”.
Larraín también destacó que la iniciativa busca también acelerar la incorporación de tecnología para agilizar y abaratar los trámites que tienen que hacer las personas. Aquí el modelo es el Registro Civil: “más del 80% de los certificados se otorgan en forma remota y los más masivos incluso son gratuitos si se piden por internet”, sostuvo.
Otro punto es generar mayor transparencia y un nuevo sistema de nombramientos de notarios para que estas plazas sean cubiertas mediante concursos, de modo que sean elegidos “quienes lo merecen por trayectoria y preparación y no porque están emparentados con este o aquel”, dijo el ministro.
Aunque estos cargos no se heredan, la Fundación América Transparente detectó que de los 395 notarios, conservadores y archiveros en ejercicio, 103 tenían vínculos familiares con personas que cumplen esas mismas funciones.