Economía

Fiscalía Nacional Económica: “Tenemos dos investigaciones de plataformas digitales”

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FNE
POR Marcela Gómez |

Ricardo Riesco entrega detalles sobre el aporte de la nueva Unidad de Inteligencia, lo que está pasando con los acuerdos de colaboración y con las fusiones que quedan bajo el umbral de notificación.

La pandemia complicó, pero no detuvo el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Somos una de las pocas agencias de competencia en el mundo que nunca suspendimos las revisiones de control de fusiones. Incluso en la investigación de carteles, tenemos capacidad para ejecutar medidas intrusivas como escuchas telefónicas e incluso visitas inspectivas, de las que estamos orgullosos”, dice el abogado Ricardo Riesco, quien desde diciembre de 2018 está al mando de la FNE.

En una entrevista concedida al medio especializado Global Competition Review (CGR), destaca el nivel récord de multas aplicadas a infractores (en torno a US$ 110 millones en 2020) y el éxito obtenido en todas las apelaciones que impugnaron las decisiones del organismo ante tribunales.

Estas razones contribuyeron a que la FNE subiera la calificación que mantenia desde 2015 en el ranking que la CGR realiza sobre el desempeño de las principales agencias defensoras de la libre competencia del mundo. Quedó ahora al mismo nivel que sus pares de Canadá, Nueva Zelandia y España, entre otras.

Pero más allá de los positivos resultados, en la entrevista -de la cual PAUTA selecciona a continuación algunos extractos- Riesco adelanta los temas que preocupan a la FNE y también sus futuros pasos. 

Multas al alza

“Anticipamos que las multas por infracciones a la ley de competencia aumentarán sustancialmente, porque hasta la última reforma legal, en 2016, existían límites más bajos para ciertas infracciones. Ahora todas las infracciones a la Ley de Competencia pueden ser sancionadas hasta con un 30% de las ventas de una empresa o duplicar el beneficio económico obtenido debido a la conducta ilícita. Tenemos un aumento sustancial de las multas aplicables de conformidad con la última reforma legal. Creemos que esta es una buena noticia para Chile y esperamos que tenga un buen efecto disuasorio”.

Control de fusiones

“Al igual que casi todas las demás agencias de competencia del mundo, la FNE no va a reducir los umbrales actuales de control de fusiones. En cambio, estamos utilizando una herramienta poderosa y única, que nos brinda la capacidad de abrir investigaciones sobre ciertas fusiones que caen por debajo de los umbrales y, por lo tanto, no fueron revisadas por la FNE. La FNE tiene un año plazo desde que se cierran esos acuerdos para revisarlos. El año pasado usamos esa herramienta con respecto a ciertas fusiones que pensamos que podrían tener efectos potenciales en los mercados. Una se relaciona con el mercado de servicios de información sobre créditos y la otra con el mercado de heladerías. Ambas todavía están bajo investigación”.

Proyecto que eleva sanción por colusión

Ricardo Riesco ha participado en el debate legislativo del proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena, iniciativa que es parte de la Agenda Antiabuso: “Si se aprueba este proyecto de ley, tendremos sanciones que oscilarán entre cinco y 10 años cuando la colusión involucre productos y servicios de primera necesidad”. Hoy las sanciones penales individuales por colusión ya oscilan entre tres y 10 años, con un año de cárcel mínimo sin posibilidad de optar por penas alternativas.

“Existe un debate en curso sobre si incluir una lista abierta o cerrada de lo que es un producto o servicio de primera necesidad; o dejar que un tribunal lo interprete caso por caso, sin definir el concepto en la ley. La FNE está plenamente convencida del efecto disuasorio de las sanciones penales aplicadas a las personas y vamos a buscar esas sanciones cuando corresponda”.

Acuerdos de colaboración

El fiscal de la FNE recuerda la declaración de abril de 2020 sobre las condiciones bajo las cuales los acuerdos entre competidores “eran válidos y legítimos bajo la ley chilena” durante el estado de catástrofe: si las eficiencias eran mayores que los riesgos competitivos, y si se tomaban medidas de mitigación para asegurar que solo se transmitiera la información esencial entre los competidores mientras colaboraban. “Estos son los dos criterios que seguimos a la hora de investigar o decidir si perseguir o no los acuerdos de colaboración”.

Pero precisa que dada la arquitectura institucional, “la FNE no tiene el último dictamen sobre los convenios de colaboración en Chile. Por tanto, no podemos, como institución, dar plena certeza a las partes sobre si el acuerdo de colaboración es legítimo o no. Esta certeza jurídica solo puede ser proporcionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) o la Corte Suprema”.

Ya que someter un convenio de colaboración a este proceso puede tomar mucho tiempo, admite que “el calendario del procedimiento no va de la mano con el calendario del negocio, por lo que tenemos un problema al respecto […] Sé que algunas personas están diciendo que debería haber un sistema de control de acuerdos de colaboración como el que existe para fusiones, que está en manos de la FNE. Pero, por el momento, lo único que podemos decirles es que no tenemos los recursos suficientes para enfrentar tales desafíos”.

Economía digital

“Estamos siguiendo muy de cerca el debate internacional sobre la aplicación en la economía digital. Nuestra nueva guía sobre la evaluación sustantiva de las fusiones incluye un capítulo sobre plataformas digitales, que creo que será muy valorado por la comunidad nacional. También analizamos nuestro primer acuerdo que involucra plataformas digitales, con la fusión entre Uber y Cornershop, que fue aprobado incondicionalmente en la Fase II […]. También tenemos dos investigaciones que involucran plataformas digitales. Una es confidencial y la otra, que se hizo pública por un tercero, implica un posible cartel o colusión entre aplicaciones para entrega de comida de restaurantes y de supermercados para excluir a un competidores”. [La única denuncia conocida sobre aplicaciones de delivery es la que formuló públicamente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei].

Unidad de inteligencia

Creamos recientemente una Unidad de Inteligencia que analiza datos, más precisamente big data y algoritmos, para poder detectar actividades de carteles, colusión y prácticas concertadas. Estamos utilizando herramientas como la evaluación web y la extracción de precios, y esperamos ver algunos resultados en un futuro próximo”.

Esta unidad “ha sido muy útil en proveer información valiosa para las investigaciones de carteles en curso y esperamos ver los resultados prontamente. Ojalá sea para el próximo caso de carteles que llevemos al TDLC”.