Hacienda advierte sobre la “mochila fiscal” futura luego del acuerdo

El mayor gasto público de este y el próximo año elevará la deuda del 28% a 43% del PIB en 2022. El ministro Briones estimó esencial que este desembolso sea transitorio.

Lo dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al dar cuenta del plan para la emergencia y la recuperación acordado entre el Gobierno y parte de la oposición. “El mayor endeudamiento hoy es una mochila que le dejamos a las generación futuras y para que sea absorbida de buena manera requiere responsabilidad y un proceso de consolidación fiscal creíble a posteriori”.

Con esta advertencia, la autoridad aludió al escenario fiscal expansivo extraordinario para 2020 y 2021 y al costo fiscal que asume el país al crear un fondo especial por hasta US$ 12 mil millones para financiar apoyos a hogares y empresas afectadas por la pandemia.

Y  también impulsar la reactivación más adelante, porque la economía “saldrá muy golpeada” de esta crisis y “necesitará recuperar la capacidad de crecer”, agregó la autoridad.

Aunque parte de esos recursos se financian con ahorros que Chile tiene -como los fondos soberanos-, prácticamente los agotan y aun así se requerirá mayor endeudamiento. No hay duda de que la grave situación sanitaria actual lo amerita, de acuerdo con el diagnóstico de técnicos de Gobierno y oposición. Pero la historia muestra que los aumentos transitorios de gasto son difíciles de retirar, lo que eleva el riesgo de deterioro más permanente de la posición fiscal.

El marco fiscal

El acuerdo contempla una línea base de gasto para 2020 que es menor a la reportada oficialmente. Esto, ya que incluye todos los gastos legislados hasta el 10 de junio (incluyendo los US$ 830 millones el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE) y un compromiso de subejecución de inversiones financiadas en el presupuesto del orden de US$ 2.000 millones, debido a las restricciones que impone la pandemia.

Sobre esa línea base operará el fondo Covid, que será un vehículo extrapresupuestario, transitorio y flexible, que en 2020 financiará medidas acordadas por al menos US$ 3.500 millones.

Considerando la subejecución comprometida, esto implica mantener el nivel del gasto público para 2021 en lugar de reducirlo en 2% del PIB, como debía ocurrir para dar cumplimiento al compromiso de consolidación fiscal. Además, esta decisión define anticipadamente el marco de la ley de Presupuesto 2021, que habitualmente se rige por los parámetros estructurales que entregan los comités independientes.

Este escenario causará que la deuda pública bruta pueda aumentar del 28% del PIB en 2019 a 43% del PIB a fines de 2022, con una baja en los ahorros de los fondos soberanos desde el 9,5% del PIB a menos del 5% del PIB en igual período.

Tarea para 2022

Tal como lo advirtió el grupo transversal de 16 economistas que planteó la fórmula que este acuerdo recoge, el camino de salida no es fácil. Las cifras anteriores implican casi duplicar la deuda fiscal en tres años y casi agotar el ahorro que Chile tiene para enfrentar la crisis. Los economistas señalaron que incluso Chile arriesga perder su grado de inversión, que es la barrera que separa a los países más y menos confiables en términos de deuda.

Por eso se incluye un compromiso de consolidación fiscal de mediano plazo a partir de 2022. El acuerdo de retirar este estímulo y frenar el tren de gasto apunta a estabilizar la deuda bruta en un nivel en torno a 45% del PIB.

El acuerdo también incluye la necesidad de repriorizar los recursos existentes en el presupuesto en curso y que se legisle para 2021, con un mayor foco en las nuevas prioridades. La idea es mantener los esfuerzos que se están haciendo para optimizar el gasto público, eliminar ineficiencias y “preparar el camino para un proceso gradual de consolidación fiscal de mediano plazo”, según dice el documento.

Esa tarea, por cierto, le corresponderá al Gobierno que asuma la administración del país en marzo de 2022.