Economía

Miedo a disturbios hace tambalear las finanzas de Costa Rica

En el afán de no seguir los ejemplos de Chile o Ecuador, el crecimiento económico no fue el esperado y el desempleo aumentó en el país centroamericano.

Bloomberg

Por Michael McDonald

Martes 11 de febrero de 2020

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El temor de Costa Rica a los manifestantes está demostrando ser mayor que su temor a las agencias de calificación crediticia, lo que vuelve a poner sus finanzas públicas en terreno inestable menos de dos años después de que esquivara por poco la crisis financiera.

El lunes, Moody’s Investors Service rebajó la calificación del país a B2, cinco niveles por debajo del grado de inversión, citando su fracaso reiterado para reducir uno de los déficits más amplios de la región.

El gobierno del presidente Carlos Alvarado ha rechazado duras medidas de austeridad similares a las que han desencadenado violentos disturbios en Chile y Ecuador en los últimos meses. Esto ha ayudado a Costa Rica a mantenerse como un oasis de tranquilidad en una región inestable, aunque también implicó que el déficit fiscal se disparara a 7% del producto interno bruto el año pasado, el más amplio en 40 años.

Una década de altos déficits llevó al país cerca del pánico absoluto a fines de 2018, cuando sus bonos y divisas se hundieron por temor a que el gobierno no pudiera recaudar suficiente dinero para financiarse, y el banco central intervino con un préstamo de emergencia. Después de años en los que el Congreso suspendiera los aumentos impopulares de impuestos, el shock ayudó a convencer a los legisladores de aprobar un impuesto al valor agregado.

No fue suficiente para restaurar la salud fiscal del país.

"Lo que muestra el déficit de 2019 es lo difícil que es para Costa Rica reducir el déficit", dijo Gabriel Torres, analista de Moody’s, en una entrevista después de la rebaja. "Este es un problema continuo que parece que no pueden resolver".

El lunes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que el gobierno vendería la destilería de propiedad estatal y un banco público para ayudar a reducir la brecha de gasto y usaría casi US$ 400 millones en excedentes presupuestarios de algunas instituciones gubernamentales para pagar la deuda. También instó a los legisladores a aprobar un paquete de bonos globales de US$ 4.500 millones que planea presentar al Congreso.

"Costa Rica puede y debe consolidar sus finanzas públicas sin más impuestos y sin recortar los servicios públicos", dijo Chaves a la legislatura el lunes. "Demos a Costa Rica un impulso de confianza y creemos el espacio fiscal para un país más próspero".

El Ministerio de Hacienda y la presidencia no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Medidas de austeridad

La economía se expandió 2,1% en 2019, su ritmo más lento en una década, a medida que los proyectos de construcción se detuvieron y los consumidores redujeron el gasto después de que entraran en vigencia los nuevos impuestos, de acuerdo con el banco central. El desempleo aumentó a 12,4% en diciembre, una de las tasas más altas registradas.

El crecimiento lento y el desempleo en aumento hacen que reducir el déficit sea más difícil y que las personas sean más reacias a tragarse medidas de austeridad, asegura Torres.

En un país donde las personas están acostumbradas a un estado de bienestar fuerte, Costa Rica asigna US$ 2.193 per cápita al gasto social, en comparación con US$ 562 en El Salvador y menos de US$ 300 en Honduras y Guatemala, según el Banco Mundial.

El gobierno tendrá que actuar con cuidado este año para evitar disturbios internos u otra venta masiva de activos, afirma Nathalie Marshik, directora de renta fija de mercados emergentes para Stifel Financial Corp. en St. Louis.

"No querían enfrentar una situación como la de Chile o Ecuador en casa, sin embargo, esto significa que no tengan absolutamente ningún margen de error en 2020", escribió Marshik en respuesta a preguntas.

Regla fiscal

Después de la venta masiva de 2018, los tenedores de bonos se tranquilizaron con la aprobación de una ley de presupuesto equilibrado, o "regla fiscal", que entrará en vigencia este año, para limitar el gasto público a medida que los niveles de deuda aumentan. La norma aborda el gasto actual, al tiempo que protege la inversión pública y se endurece cuando la deuda pública supera el 60% del PIB, como el banco central proyecta que sucederá este año.

Si el gobierno retrocede en sus compromisos fiscales o el Congreso bloquea sus esfuerzos para vender bonos en el extranjero, el país podría ver otra caída en sus bonos y divisas, dice Marshik.

Luego de la rebaja de calificación del lunes, los bonos denominados en dólares con vencimiento en 2045 cayeron 1,5 centavos a 105,2 centavos de dólar, lo que los dirige a su mayor caída de un día desde octubre. Chaves dijo que la rebaja le costará al gobierno US$ 250 millones anuales.

El banco central dijo en su perspectiva para 2020 que una "aplicación estricta" de la regla fiscal reducirá el déficit a 5,9% del PIB este año y a 5,7% el próximo año. El Ministerio de Hacienda ha prometido la implementación "estricta y robusta" de la regla fiscal, aunque es más fácil decirlo que hacerlo con instituciones como las universidades públicas y el poder judicial que prometen resistir la reducción de gastos.

"La implementación de la regla fiscal definitivamente tendrá algunos riesgos a su alrededor", asegura Carlos Morales, director del equipo soberano de América Latina para Fitch Ratings. "Ha habido resistencia política y social desde instituciones autónomas para la disminución de los salarios, por lo que el gobierno probablemente enfrentará una mayor reacción social en su programa de restricción de gastos".

La autorización para préstamos externos requiere el apoyo de dos tercios del Congreso, lo que obliga al gobierno a negociar con los partidos de oposición. Cualquier señal de que el gobierno se está desviando de su promesa de reducir el déficit dificultará el trabajo en los pasillos, según Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group.

El debate sobre la solicitud de préstamo probablemente se extenderá, y "los desafíos de consolidación fiscal también pueden complicar algunos préstamos multilaterales pendientes", escribió Grais-Targow en una nota de investigación el 3 de febrero. "Dicha dinámica dejará al gobierno más dependiente del sentimiento del mercado local y aumentará la incertidumbre financiera".

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