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Los otros conflictos de las asesorías tipo FyF

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Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados. Créditos: Agencia Uno
POR Rosario del |

Una comisión investigadora indagará en las acusaciones de “triangulación” presentadas por Felices y Forrados. Pero empresas como esa no están reguladas y despiertan suspicacias.

La denuncia pública en redes sociales que realizó el fundador de Felices y Forrados (FyF), Gino Lorenzini, de una supuesta triangulación entre AFP Habitat, Moneda Asset Management y el Presidente Sebastián Piñera ha tensionado el ambiente en el oficialismo. Esas acusaciones, desacreditadas por el propio Estado a través de la Superintendencia de Pensiones, consiguieron eco en un grupo suficiente de políticos en el Parlamento, incluidos representantes de Chile Vamos.

Congresistas de izquierda propusieron una comisión investigadora sobre la denominada “triangulación”, instancia que fue aprobada por 97 votos a favor, 22 en contra y 24 abstenciones.

Por otra parte, sin embargo, otros legisladores oficialistas plantearon la idea de revisar también cómo funcionan las empresas que se dedican a asesorar a los pensionados, tales como FyF.

Sobre este tema Michèle Labbé, economista jefe de Dominus Capital, comentó en Pauta Bloomberg, de Radio PAUTA, que “aquí hay acusaciones y contraacusaciones de todos lados respecto de quiénes sí y quiénes no están involucrados en el negocio de FyF. Lo que se está investigando es si esta ha sido una industria protegida a través de favores o no, cosa que efectivamente mientras la justicia no diga lo contrario son libres de polvo y paja”.

En tanto, la exsubsecretaria de Hacienda Macarena Lobos señaló que “aquí hay, como siempre en los conflictos, derechos en juego y hay que ver cómo se conciben y conjugan equilibradamente. Por una parte está el derecho de los propios afiliados de poder decidir y disponer de su fondo, y por otro lado, la libertad de emprendimiento. Una cosa es la libertad de emprendimiento y otra cosa es que sea una industria que no está regulada”.

Respecto de eventuales sanciones por el comportamiento de un negocio no regulado, podría incurrirse en un posible delito. “Hay un riesgo” en esas empresas de asesoría, agregó Lobos, “porque producen un impacto en el mercado, se suben o bajan los precios y [de lo] que ellos podrían aprovecharse. Por tanto, es importante que ese tipo de cuestiones queden debidamente reguladas; si se da el caso, no veo ningún inconveniente de que se pueda configurar un [eventual] ilícito penal”.

Revise la conversación con Macarena Lobos y Michèle Labbé en Pauta Bloomberg