En Chile 17,4 millones de personas (naturales y jurídicas) tienen 50 millones de cuentas bancarias o en entidades financieras. De prosperar el proyecto de ley que busca obligar a la banca a informar anualmente movimientos y saldos sobre 1.500 UF ($45 millones) al Servicio de Impuestos Internos (SII), en torno a 1,5 millones de contribuyentes y 1,6 millones de cuentas quedarían afectos a ese reporte.
Las cifras las entregó el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, al exponer este lunes 30 de agosto sobre la iniciativa ante la Comisión de Hacienda del Senado. El economista estimó ese efecto como "bajo" y recordó que organismos internacionales como la OCDE y el FMI recomiendan avanzar en la entrega de información bancaria a las autoridades tributarias, para asegurar el cumplimiento de esas leyes. Argumentos similares planteó en su oportunidad ante dicha instancia el director del SII, Fernando Barraza.
En entrevista con PAUTA, la jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE, Zayda Manatta, dijo que lo que plantea el proyecto "es una práctica común a nivel internacional". Y agregó que el secreto bancario"puede permitir a los contribuyentes ocultar actividades (incluidas las ilegales) y evadir impuestos".
La votación en particular quedó pendiente.
Los reparos del oficialismo
Hacienda y los senadores oficialistas mantienen sus reparos, que básicamente apuntan a que la propuesta impulsada por senadores de oposición vulneraría la reserva o secreto bancario.
Para acceder a las operaciones bancarias, hoy el SII debe pedir los datos a la banca, que los entrega solo si el titular de la cuenta lo autoriza. De lo contrario, el SII debe iniciar un proceso ante los tribunales tributrarios y aduaneros. Las indicaciones de Hacienda buscan agilizar ese proceso, aunque desde 2010 solo en cuatro ocasiones el ente tributario ha activado este tipo de requerimientos.
Economía
OCDE: "Secreto bancario puede permitir a contribuyentes ocultar actividades y evadir impuestos"
Zayda Manatta, vocera de la entidad, dice que la tendencia global es que organismos como el SII no requieran autorización judicial para conocer movimientos en las cuentas bancarias, como ocurre en Chile.
"La idea es que no sea un barrido de información al SII, sino que se entregue cuando el servicio lo solicite en el marco de procesos fiscalización", dijo el senador José García (RN). Su par de la UDI Juan Antonio Coloma alertó que, al incluir a 1,5 millones de contribuyentes, se configura una "afectación del secreto bancario no menor" y deploró que la iniciativa se base "en un supuesto que a lo menos es discutible, como la alta evasión".
La coordinadora de Política Tributaria de Hacienda, Javiera Suazo, recordó que desde 2018 Chile está adscrito a sistemas de intercambio automático de información tributaria sobre no residentes, lo que ha funcionado adecuadamente. Estimó que "no se justifica" replicar ese modelo para efectos domésticos, como lo intenta hacer la moción. Y aseguró que avanzar en ese paso tampoco es parte de ninguna recomendación de la OCDE, como sí lo es establecer causales excepcionales para levantar el secreto bancario en casos de "urgencia suprema o que notificar al titular frustraría la investigación", los que el proyecto no aborda.
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Ofensiva opositora
Desde la oposición reafirmaron que la moción no afecta derechos de los contribuyentes y precisaron que lo que propone Hacienda no incide en la meta que persigue la iniciativa. "De lo que se trata es que SII tenga información para evaluar dónde tiene que investigar. Recién ahí se aplican las normas generales y recién ahí el SII pedirá información específica al banco, y el titular decidirá si autoriza o no. Esto no cambia el secreto bancario", dijo el senador Carlos Montes (PS).
El abogado experto en derecho tributario Ricardo Guerrero, invitado a hablar ante la comisión, precisó que "el SII va a recubrir un número que cruzará con la declaración de renta y otra información que tenga del contribuyentre. Eso puede alertar y generar procesos de fiscalización, que es lo mismo que ocurre hoy con los no residentes".
Entre los elementos comentados en la sesión está la tendencia global en esta materia apunta a que las entidades tributarias no necesiten autorización judicial para acceder a esta información, como ya ocurre en Estados Unidos, Reino Unido, España, Argentina, Brasil y México, entre otros.
Quienes promueven la moción valoraron la presentación del presidente de la CMF y le solicitaron apoyo técnico para incorporar al debate sus propuestas, que apuntan a precisar definiciones del proyecto sobre los sujetos obligados a reportar, los productos afectos a reporte y los datos específicos a entregar. "Esto es necesario, porque debido al secreto bancario no se podrían introducir estas definiciones a través de una norma", advirtió Cortez.
Sin que se logre avanzar, al iniciarse la votación en particular se revisó una extensa indicación presentada por el senador Montes, que busca que los contribuyentes estén obligados a entregar información respecto de inversiones en Chile y en el extranjero y la creación y modificación de trust.
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