El “dream team” de economistas propone soltar amarras y romper reglas para el salvataje de Chile

Un grupo de 16 técnicos propone cambiar la regla fiscal, agotar el FEES y, eventualmente, aceptar que se pierda el grado de inversión.

Los acuerdos transversales entre economistas respecto de políticas públicas no son infrecuentes. Pero que 16 exautoridades y académicos de distintas sensibilidades acuerden un marco fiscal y económico para enfrentar en Chile la que se perfila como la peor crisis de los últimos cien años en el mundo parece ser una muy buena señal.

La propuesta aborda las fases de emergencia sanitaria, reapertura controlada y posterior recuperación de la actividad. Considera financiar medidas para apoyar a personas y empresas por hasta US$ 12.000 millones -a través del uso de los fondos soberanos y de deuda- en un plazo máximo de 24 meses, con la creación de un fondo Covid que entregue flexibilidad al Ejecutivo para dosificar los instrumentos, ante la incertidumbre sobre la extensión y profundidad de la pandemia.

Entre los firmantes están Vittorio Corbo, José De Gregorio, Rodrigo Vergara, Rodrigo Valdés, Juan Andrés Fontaine, Rodrigo Cerda, Claudia Martínez, Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel, Claudia Sanhueza y Sebastián Edwards, entre otros.

La decisión del Gobierno sobre este camino no es fácil. Implica saltarse la regla de Balance Estructural, enterrar el compromiso de consolidación fiscal, asumir que se aleja la meta de estabilizar la deuda pública y casi certificar la rebaja en el rating soberano, con el consiguiente riesgo de perder el grado de inversión que separa a los países confiables de los más riesgosos.

Si un grupo de destacados economistas de diversos sectores -donde conviven exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central, exdirectores de Presupuestos y exministros de Economía, entre otros- está dispuesto a poner todo esto en la balanza, sólo puede significar que el riesgo de no hacerlo implica un precio que nadie quiere pagar.

Pactando el déficit

Con las medidas propuestas, y dependiendo de la gravedad de la contracción económica, este año el déficit efectivo podría llegar a entre 9% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la medida estructural de más largo plazo podría situarse algo por sobre el 4,5% del PIB.

Aunque el Ejecutivo se había comprometido a reducir el déficit en dos puntos del PIB en 2021 para cumplir la meta fiscal, la propuesta sugiere mantener una trayectoria expansiva del gasto, ya que “la economía va a requerir estímulos para la recuperación del empleo y de la actividad”. Así, se propone mantener el nivel del gasto público en la tasa de expansión actual en vez de reducirla en torno al 8% anual. Y para 2022, que el gasto total no Covid crezca en torno al 4% anual.

El mayor esfuerzo de financiamiento impulsaría la deuda pública bruta desde el 28% del PIB en 2019 al 43% en 2022. Además, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) bajaría desde el 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022. 

El documento alerta que hacia 2023 el aumento de la deuda neta (lo que Chile debe, pero restando sus ahorros) será incluso mayor que el alza de la deuda bruta. Los activos del Fisco estarán restringidos solamente al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), porque el FEES “prácticamente se habrá agotado”.

Cuidar el “colchón”

Los economistas admiten que esta trayectoria debilitaría el “colchón” de ahorro que tiene Chile para enfrentar los shocks (como los derivados del estallido social o la pandemia), que es especialmente necesario cuando se cierran las fuentes de financiamiento externo. Por ello, estiman que estos niveles de deuda y activos no deberían mantenerse ni profundizarse.

¿Cómo se frena el deterioro? No es fácil y depende mucho del desempeño de la economía y de los posteriores acuerdos de contención del gasto.

Por de pronto, plantean una meta de deuda bruta en torno al 45% del PIB, que permitiría “recobrar espacio de maniobra”, aunque admiten que ese nivel acercaría a Chile al promedio de los mercados emergentes, grupo del cual el país buscaba diferenciarse.

También sugieren modificar la regla fiscal, incluyendo una meta de mediano plazo para la relación entre la deuda y el PIB, así como hacerla más simple y transparente. 

“El programa aquí propuesto es financiable y abordable en la actual coyuntura. No obstante, es necesario remarcar que la situación fiscal de mediano plazo de la economía presenta el riesgo de perder el grado de inversión en los próximos años“, advierten. Por ello, estiman “urgente” construir consensos en torno a la solvencia fiscal y su credibilidad.