Economía

Economistas proponen usar el fondo soberano para una mayor asistencia a familias

Sebastián Edwards, Claudia Sanhueza, José De Gregorio y otros economistas plantean destinar US$ 670 millones mensuales por un año y medio en transferencias.

Familias de un campamento en Temuco organizan una olla común. Crédito: Agencia Uno

Familias de un campamento en Temuco organizan una olla común. Crédito: Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Viernes 22 de mayo de 2020

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Lo había anticipado el economista y académico de la Universidad de Californa, Los Angeles (UCLA) Sebastián Edwards en un seminario organizado por el periodista de PAUTA John Müller: que con un grupo de sus pares chilenos trabajaban en una propuesta para usar el fondo soberano en ayudas a las familias afectadas por la crisis sanitaria, para "dar más certidumbre, en vez del 'goteo' de medidas".

La propuesta es transversal: además de Edwards, la suscriben el expresidente del Banco Central José De Gregorio; la economista UC Claudia Martínez, la economista de la UAI Andrea Repetto, la economista de la Universidad Mayor y militante de RD Claudia Sanhueza y el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés.

Convocados por el Colegio Médico, concordaron una fórmula que se presentó a la Mesa Social Covid-19. "Esperamos que esta propuesta sea un aporte y que pueda ser considerada por la autoridad", sostuvo la presidenta de la entidad, Izkia Siches. 

De lo que se trata es de usar los recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) "como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el Gobierno y su regla fiscal", dice el texto. Ese fondo, creado precisamente para usarlo en contextos de crisis, a fines de marzo acumulaba US$ 12.000 millones equivalentes al 5% del PIB.

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Cuánto gastar

Los seis economistan plantean que Chile tiene espacio para endeudarse para hacer frente a la pandemia, pero que los aumentos de gasto deben ser transitorios, "aunque no necesariamente de corta duración".

¿Cuánto gastar? La deuda pública a nivel mundial no puede usarse como guía, ya que por ejemplo en Nueva Zelandia equivale a 20% de PIB y en Canadá a 90% del PIB. Las proyecciones oficiales de deuda bruta para Chile crecieron de 29,3% del PIB antes del estallido social a en 40% del PIB ahora.

Además, "la regla fiscal anunciada por el Gobierno no da cuenta del problema que enfrentamos y no parece ser una guía creíble para el próximo año", señalan. Añaden que existe una perspectiva de deuda pública creciente asociada a las tensiones evidenciadas en el estallido social.

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Así, estiman que la inercia del crecimiento de la deuda, y lo difícil que es reducir el gasto una vez que se eleva, aumentan la probabilidad de una trayectoria explosiva. "Es fácil construir escenarios realistas en que la deuda llega sobre 60% durante esta década, incluso asumiendo que muchas de las presiones sociales que nuestro país enfrenta hoy sean financiadas sin endeudamiento", advierten.

Esto lleva a que para comprotemer un mayor gasto y una trayectoria creciente de deuda, se requiere de un amplio acuerdo político y social. La propuesta implica gastar, cada mes y en promedio, US$ 670 millones por encima de lo ya comprometido, para financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. Esto en un horizonte de tiempo de un año y medio.

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"La aplicación del programa debe ser flexible y pragmática, acorde a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, y debe otorgar facultades al gobierno para ir adaptándolo. También debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso", precisan.

Cómo gastar

Los seis economistas plantean que con estos recursos podrían financiarse apoyos monetarios a las familias, "que deben ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios, de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento, [y] retirarse gradualmente solo en combinación con una apertura progresiva de la economía".

Más adelante, precisan, los recursos deben utilizarse para estimular la demanda agregada y contener el desempleo, reforzando los programas existentes y creando otros nuevos.

A su juicio, los trabajadores formales que acceden a la Ley de Protección del Empleo deberían obtener una fracción fija del salario (no a pagos decrecientes como hoy)  mientras dure la contención de contagios. "Un 60% del salario permite a las familias del tercer quintil financiar sus gastos más necesarios", detallan como referencia.

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"Los recursos acumulados en la actualidad en el sistema, incluyendo el compromiso de aporte fiscal, permiten financiar una tasa de reemplazo del 60% por casi 14 meses a un millón y medio de trabajadores (esto es, al 30% de los cotizantes del sistema)", precisan.

En el caso de las familias cuyos ingresos son mayormente informales (segmento que cubre el Ingreso Familiar de Emergencia), proponen transferencias estables y  no decrecientes para el 80% de los hogares vulnerables y sumar a quienes no acceden al seguro de cesantía. Como referencia, deberían aportar $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes, lo que permite cubrir los costos de alimentación, alojamiento, servicios básicos, educación y salud en un hogar en el primer quintil de ingresos.

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Para los trabajadores que emiten boletas de honorarios, estiman que ellos deberían escoger entre sumarse a los beneficios planteados precedentemente para hogares que viven de ingresos formales e informales. La discusión de la propuesta del Gobierno para apoyar a este segmento se encuentra congelada tras un acuerdo en tal sentido entre el Ejecutivo y la Comisión de Trabajo del Senado.

Internacional

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